La entidad coordina el equipo interinstitucional que concerta con las autoridades de esa comunidad el retorno de algunos de sus miembros a sus zonas de origen.

Diecinueve (19) familias indígenas de la comunidad Embera Chamí, que se encuentran en condición de mendicidad en la capital de Risaralda, están próximos a retornar a su territorio ancestral ubicado en el Alto Andágueda, Chocó, bajo la coordinación de la Unidad para las Víctimas.

A este mismo territorio regresaron el año anterior cerca de 300 indígenas provenientes de Medellín, a los cuales se suman 84 personas pertenecientes a familias que habitan zonas deprimidas y con una notoria problemática social en Pereira.

En la reunión inicial, liderada por la Unidad para las Víctimas, participaron el gobernador indígena del Alto Andágueda, autoridades indígenas del Cabildo de Kurmadó de Pereira, funcionarios de la Alcaldía y de la Gobernación, del ICBF, la Personería Municipal, la Procuraduría Regional y la Defensoría del Pueblo.

El director territorial de la Unidad para las Víctimas, Omar Toro, pidió verificar si se cumplen las condiciones para la realización del retorno, entre ellos la identificación de la comunidad a retornar, las garantías en educación, seguridad alimentaria, condiciones de seguridad, orientación ocupacional, reunificación familiar, vías de acceso y generación de ingresos, entre otros.

"La Unidad para las Víctimas ha tenido experiencias exitosas en el tema de retornos indígenas desde el año 2012 y la idea --como  entidad coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Vìctimas (SNARIV)-- es lograr que todas las entidades del Estado aunemos esfuerzos para que las familias permanezcan en sus territorios ancestrales y no vengan a las ciudades a pasar necesidades ", señaló Toro.

Los integrantes de esta comunidad Embera Chamí están ubicados en inmediaciones del Parque de la Libertad de la capital risaraldense y según datos de las mismas autoridades indígenas llevan cerca de diez años en la ciudad, aunque algunos se han vuelto nómadas, trasegando por ciudades como Manizales, Armenia e incluso Cali.

"Esperamos que el retorno se pueda hacer de manera adecuada y en el menor tiempo posible. En las ciudades los indígenas no tenemos mucho qué hacer; queremos trabajar la tierra y vivir en armonía con nuestros ancestros. Esperamos que el Estado pueda garantizarnos ayudas para rehacer nuestros proyectos de vida", aseguró Juan Carlos Murillo, gobernador indígena del Alto Andágueda.

De momento, los dos puntos de retorno a los que la comunidad solicitó regresar tienen un concepto de seguridad favorable. Las 84 personas quedarían ubicadas en Alto Jajarandó --que pertenece a la zona 1-- y Pescadito, en la zona 2.

Mientras el proceso surte efecto y se reúnen todos los requisitos para el retorno, el ICBF se encargará del cuidado en hogares comunitarios de los menores de 5 años de edad y se llevarán a cabo gestiones para atender a las mujeres, al igual que capacitación en tema de artesanías para la generación de ingresos.