Se tomarán las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para retorno y/o reubicación de victimas desplazadas por el conflicto armado.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas haciendo presencia en el Comité Ampliado de Justicia Transicional de Santander, ha logrado por unanimidad, la aprobación del principio seguridad para 17 municipios del departamento, y garantizar de esta manera la “efectiva atención integral a la población retornada o reubicada” teniendo en cuenta el artículo 74 del decreto 4800 de 2011. Es la primera vez que un departamento incluye tal cantidad de municipios para garantizar los derechos a las víctimas.

Municipios como Piedecuesta, Floridablanca, Bucaramanga, Girón, Barbosa, Guepsa, La Belleza, Confines, Playón, El Carmen, Málaga, San gil, Socorro, Suratá, Vélez y Santa Helena del Opón, cuentan desde ya con un plan apoyado por el Ejército Nacional y Policía Nacional, para evaluar las condiciones de seguridad de las zonas de retorno o reubicación, las cuales serán emitidas por la fuerza pública, así como un seguimiento periódico, acorde a lo indicado en las directrices emitidas por el Ministerio de Defensa Nacional para tal fin.

Esta decisión fue tomada en el marco del Comité de Justicia Transicional Departamental, presidido por el gobernador (e) Manuel Ricardo Sorzano y que contó con la presencia de Luis Alfonso Aparicio Reyes, director territorial de la Unidad para las Víctimas, Orlando Burgos representante de la Mesa de Participación de Víctimas, alcaldes municipales, entidades de Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SNARIV, y comandantes del Ejército y Policía departamental.

Luis Alfonso Aparicio Reyes explicó la importancia de la aprobación de este principio de seguridad: “La Unidad Administrativa especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas coordinará con las autoridades competentes en este caso el ejército y la policía, las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad requeridas para evitar la vulneración de los derechos humanos y la ocurrencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

Además, explicó los aspectos que valora el principio de seguridad: “se verifica la presencia actual de grupos al margen de la ley, acciones recientes que atentan contra los derechos humanos de la población civil y fuerza pública, antecedentes históricos sobre afectaciones en el territorio como atentados, cultivos ilícitos, entre otros, corredores de movilidad, sistema de alertas tempranas, informes de riesgo y notas de seguimiento, explotación ilícita de yacimientos mineros, información sobre número de víctimas registradas, situación de existencia de minas antipersonal y otros artefactos sin explotar, apreciación de seguridad sobre la posibilidad de desarrollar o no un retorno y/o reubicación de la población víctima de desplazamiento”.

De este modo, Santander asume el compromiso por garantizar de manera decidida, la efectiva atención integral a la población retornada o reubicada que fue desplazada por el conflicto armado y desde la Unidad para las Víctimas continúa el acompañamiento constante a quienes hoy tienen la esperanza de volver a su hogar y retomar su proyecto de vida.