Tras solicitud de alcaldes, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas también se comprometió a cofinanciar la construcción de tres puentes veredales (dos en Dabeiba y uno en Ituango) y una escuela en Ituango, en zonas rurales de estos municipios.

El director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Alan Jara, anunció en el municipio de Ituango (Antioquia) que, “sin conflicto armado con las Farc que generen más víctimas”, la entidad asume el reto de avanzar con más capacidad de gestión y acción en la política de reparación a la población afectada por la violencia.

Durante la sesión descentralizada de la Comisión Conjunta de Paz del Congreso realizada este sábado en este municipio antioqueño, el alto funcionario destacó que el cese el fuego definitivo, que comienza el próximo lunes, debe favorecer a las comunidades más afectadas por el conflicto, que a la vez deben ser priorizadas en el posconflicto.

“Sin conflicto armado que genere más víctimas la reparación a las víctimas debe rendir más que lo hecho hasta el momento. Esperamos que después del cese el fuego bilateral definitivo no tengamos más emergencias humanitarias que exigen cuantiosos recursos para la sobrevivencia de las víctimas cuando sufren un hecho victimizante, como aquí en Ituango que ha sufrido tanto y donde se ha invertido 4.200 millones de pesos en esta atención humanitaria”, indicó Jara.

Lo hizo ante la comunidad local, congresistas, alcaldes, líderes comunitarios, organizaciones sociales y de víctimas. El director explicó que superada esta necesidad de atención de emergencias, con liderazgo de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas se deben “concentrar los esfuerzos y recursos del Estado y la cooperación internacional a la reparación integral con recuperación emocional, con proyectos productivos, vivienda, salud, educación. Como víctima sé que las personas afectadas por el conflicto no necesitan limosnas, sino más oportunidades de salir adelante y por eso existe la indemnización económica”.

Sobre esta medida de compensación económica, Jara informó que hasta hora 686 familias víctimas de Ituango han recibido la indemnización que establece la Ley de Víctimas, aunque “ahora en paz debemos trabajar con más celeridad porque este municipio tiene 17 mil víctimas, 11 mil de estas sujetas de reparación”.

Inversión en infraestructura comunitaria

Para ratificar su compromiso de “trabajar en acciones concretas” con los municipios y los alcaldes del Norte de Antioquia que asistieron a la sesión, el director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas anunció recursos para cofinanciar la construcción de tres puentes veredales (dos en Dabeiba y uno en Ituango) y una escuela en Ituango en zonas rurales de estos municipios.

Además, se priorizó la caracterización de la población víctima en las zonas veredales transitorias de normalización ubicadas en Antioquia (en Dabeiba, Ituango, Remedios, Vigía del Fuerte) por parte de la Unidad para la Reparación a Víctimas, con el fin de identificar necesidades de implementación de la política pública de reparación a las víctimas por parte del Estado.

Al mismo tiempo, recordó la corresponsabilidad de los entes territoriales para resarcir a las víctimas e invitó a los alcaldes y a las comunidades a “trabajar en equipo y articulados porque en La Habana se negoció el fin del conflicto y la paz se construye en los territorios”. Agregó que el desarrollo regional debe tener la inclusión de la población afectada por el conflicto, que se traduzca en generación de ingresos, proyectos productivos, salud, educación, vivienda, entre otras soluciones sociales. “No solo hay una obligación legar de reparar a las víctimas, también moral”.

En la sesión descentralizada de la Comisión Conjunta de Paz del Congreso intervinieron, Además de Alan Jara, representantes a la Cámara, los alcaldes de Ituango, Dabeiba, y delegados de la ACR, el Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Antioquia, el Alto Comisionado para la Paz. Estos explicaron los efectos de los acuerdos del proceso de negociación entre el Gobierno y las Farc, además de la gestión de cada entidad.

Según Lucía González, delegada del Alto Comisionado para la Paz, “el Gobierno ya hizo su parte de sentar a las Farc a negociar y conseguir el fin negociado del conflicto mediante unos acuerdos, lo que sigue es que la sociedad respalde este camino para construir la paz en los territorios”.

Desde San Andrés de Cuerquia, se realizó la solicitud de un sitio dedicado a la memoria sobre el conflicto, a lo que Alan Jara se comprometió a tramitarla ante el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Los alcaldes, congresistas y líderes comunitarios dialogaron con los funcionarios del Gobierno y concluyeron la necesidad de impulsar el desarrollo de la región con inversión social para la construcción de vías terciarias, apoyo a la población campesina y mejores condiciones de salud, educación, servicios públicos.