La Unidad asiste técnicamente a los entes territoriales municipales y departamental para la construcción y actualización de los planes de contingencia 2020.

La Unidad para las Víctimas viene realizando el acompañamiento en Atlántico a las 22 alcaldías municipales, distrito de Barranquilla y Gobernación del departamento, con el objeto de construir los planes de la actual vigencia, haciendo más sencillo y fácil el proceso para los entes territoriales.

En un encuentro de capacitación virtual liderado por la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias de la entidad y la Dirección Territorial Atlántico, las alcaldías de Juan de Acosta, Galapa, Malambo, Manatí, Piojó, Puerto Colombia y Santa Lucía, fueron las primeras en recibir dicho acompañamiento y asesoría por parte de la Unidad.

“El Plan de Contingencia es parte fundamental del Plan de Acción Territorial, es por ello que las administraciones municipales, distritales y departamentales tienen el deber y la obligación de financiar, poner en marcha y actualizar, de forma anual, los planes de contingencia en los Comités Territoriales de Justicia Transicional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y en el Decreto 4800 de 2011, de ahí, nuestra responsabilidad de asesorar y apoyar técnicamente este proceso”, indicó Alfredo Palencia, director Territorial de la Unidad en Atlántico.

La Unidad para las Víctimas es la entidad responsable de brindar asistencia técnica a los entes territoriales para llevar a cabo la formulación, aprobación e implementación de los planes de contingencia para atención de emergencias humanitarias a causa del conflicto armado. Es una herramienta técnica que define los procedimientos, acciones y estrategias, con recursos financieros, humanos y físicos destinados por las entidades territoriales, para prevenir y atender procesos de victimización derivados de dichas emergencias.

La entidad analiza las diferentes manifestaciones del conflicto armado en el país que exigen una atención oportuna y de calidad, por lo que insta en todos los territorios del país sobre la necesidad de planear y destinar recursos para la atención de emergencias humanitarias, que no solo minimizan sus costos en el mediano y largo plazo, sino que evitan la revictimización de la población, favorecen la toma de decisiones, generan capacidades de respuesta institucional y permiten la acción inmediata, manera por la que se concreta la decisión política de las instituciones estatales, el acompañamiento de la sociedad civil y la cooperación internacional. 

(Fin/HDP/CMC/LMY)