Los desplazamientos de estas familias se han presentado como consecuencia de enfrentamientos armados entre grupos al margen de la ley en la zona del Bajo Cauca antioqueño.

La Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas orienta para el acceso a las medidas de atención y reparación a 45 familias de Tarazá que también fueron desplazadas por grupos al margen de la ley.

La declaración la realizaron los jefes de hogar de estas familias, ante el Ministerio Público, quienes ejercían la actividad minera en la vereda El Tigre en el municipio de Cáceres y a quienes se les prohibió el ingreso a esta vereda nuevamente. En este momento la administración municipal de Tarazá les ha brindado la ayuda humanitaria inmediata de acuerdo a la ley.

Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, señaló que “la Unidad para las Víctimas articula y se suma a los espacios institucionales para evaluar los mecanismos de intervención en la zona y en los que se evalúan las condiciones para la atención digna a la población que está siendo víctima en los municipios del Bajo Cauca”.

De igual forma, Alzate agregó que “es lamentable que continúe esta situación de emergencia en los municipios de esta zona del departamento. De acuerdo al último censo en el municipio de Cáceres son 203 familias para un total de 531 personas que continúan en la Casa del Indígena en el casco urbano como albergue temporal, esperando a que las condiciones de seguridad sean favorables para que se pueda dar el retorno a las veredas de Tamaná, Alto Ponciano, Campanario, El Tigre,  Anará y Buenos Aires, de donde fueron desplazadas por los combates y enfrentamientos  de grupos armados que aún continúan.

Además de la Unidad para las Víctimas, en el municipio también hacen presencia  otras instituciones de atención a la población víctima, como el ICBF, el Ejército Nacional, Gobernación de Antioquia y la misma administración municipal con el fin de suplir las necesidades básicas de la población afectada por este desplazamiento.