La estrategia cobija a organizaciones que en el marco del conflicto armado han sido víctimas de agresiones y ataques, por su labor de defender los derechos humanos y resguardar los intereses de grupos sociales y de comunidades que se ven afectadas por la violencia. A este respecto se toma en consideración lo establecido en el artículo 1 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores, según el cual “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. Es decir,  toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional, debe ser considerada como defensora de derechos de humanos.

Asimismo, se retoma el concepto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien reconoce que “la labor de defensoras y defensores es fundamental para la implementación universal de los derechos humanos, así como para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho. Las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de esta. Por tanto, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad”.

En 2012 se realizaron reuniones exploratorias, para la identificación de casos emblemáticos, con la Corporación Minga, ONG que coordina el Programa Somos Defensores y las plataformas de derechos humanos y paz, articuladas en el espacio de Techo Común: Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Alianza de organizaciones sociales y afines por una cooperación para la paz y la democracia. Igualmente, con la coordinación nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Desde 2013 se adelantan procesos con tres organizaciones: el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la guerra (Redepaz), y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc).