Así lo dio a conocer el director de la Unidad para las Víctimas, quien destacó que 2020 se entregaron 1.000 indemnizaciones en el exterior, siendo el año con el mayor número de pagos desde 2013.

Durante el conversatorio “Las Víctimas en el exterior: reparación y construcción de paz”, con participación de la vicepresidenta y canciller Martha Lucía Ramírez, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, presentó los resultados de la caracterización de quienes salieron del país por causa del conflicto interno, tarea realizada con el Consejo Noruego para Refugiados.

“La información recolectada en este proceso de caracterización ha permitido ajustar las diferentes rutas de atención definidas por la Unidad para las Víctimas y formular programas y proyectos que atiendan las necesidades identificadas”, dijo el funcionario. 

Durante el 2020, en articulación con el Consejo Noruego para Refugiados, la Unidad para las Víctimas entregó apoyos humanitarios en Ecuador y Panamá. Así mismo, en 2021, en coordinación con el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP) se están entregando proyectos productivos de empoderamiento económico en Ecuador y Venezuela como aporte a la integración local en los países de acogida y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Así mismo, se ha ampliado la atención de la estrategia de atención psicosocial individual (virtual y presencial) y la estrategia de recuperación emocional grupal (presencial). Actualmente, se está iniciando la estrategia de recuperación emocional en Ecuador, Costa Rica y España. Desde el año pasado inició la atención no presencial para las víctimas en cualquier país del mundo.

Esta acción responde a las necesidades identificadas en la caracterización, que indican que nueve de cada diez personas tenían afectaciones psicosociales y, la mayoría de ellas carecía de atención. 

Frente a la pregunta ¿cómo avanza la indemnización administrativa de manera paralela a otras medidas de reparación no material, como la rehabilitación psicosocial y el apoyo a iniciativas de satisfacción, reconocimiento y memoria con las víctimas en el exterior?, Rodríguez Andrade dijo que “durante los dos últimos años hemos logrado avanzar en respuestas de fondo a solicitudes de indemnización en el exterior, lo cual ha permitido aumentar el número de indemnizaciones considerablemente”.  

En 2020, la Unidad para las Víctimas entregó 1.000 indemnizaciones en el exterior, siendo el año con el mayor número de pagos desde 2013 cuando iniciaron los pagos fuera del país. 

Con las cifras desde 2013 a julio de 2021 se ha logrado un acumulado de 4.500 víctimas indemnizadas en el exterior, lo cual equivale a cerca del 17% de las víctimas registradas fuera del país. 

Junto con lo anterior, el director de la entidad dijo que se estima llegar a 5.451 indemnizaciones antes de finalizar este año, sobre todo para personas que han sido focalizadas por ruta general “bajo lo que hemos llamado el método técnico de focalización”, lo cual es una meta importante.

Respecto a la inquietud, ¿qué pueden hacer el Estado colombiano y la cooperación internacional facilitar el mejoramiento de las condiciones de vida de las víctimas en el exterior?, Ramón Rodríguez dijo que, de acuerdo con la caracterización, ocho de cada diez personas de las 2.612 víctimas encuestadas tienen dificultades en el exterior. El 88 % de quienes tienen dificultades indican que esto se debe a la falta de oportunidades económicas.

Finalmente, Rodríguez Andrade se refirió a cómo desde la Unidad para las Víctimas se puede garantizar un acompañamiento al retorno de víctimas en zonas de frontera.  Al respecto dijo que, con las direcciones territoriales de la entidad, las alcaldías locales, la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales y humanitarios como ACNUR y el Consejo Noruego para Refugiados, así como con otros aliados, se puede potenciar el intercambio de información para identificar a las víctimas en zonas de frontera que están retornando al país y brindarles interinstitucionalmente la orientación necesaria frente a sus derechos para un retorno digno y seguro.

(Fin/DFM/COG)