Personerías del Bajo Cauca antioqueño se fortalecen con acompañamiento interinstitucional
En Medellín se realizó una jornada de seguimiento a la implementación de la política pública de reparación a las Víctimas.
La implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la atención de los desplazamientos masivos y los avances en planes priorizados fueron evaluados entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, los personeros y enlaces municipales del Bajo Cauca antioqueño.
El evento, realizado en Medellín, hace parte del fortalecimiento de la Asociación de Personerías del Bajo Cauca, una de las subregiones más afectadas por el conflicto armado y vulneración de los derechos humanos en el departamento.
Con ese fin, la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras se articularon con el Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia para acompañar a las personerías y enlaces municipales de atención a víctimas en el seguimiento a la política de atención, reparación y restitución de los predios despojados a la población desplazada.
En los seis municipios del Bajo Cauca antioqueño (Caucasia, Zaragoza, Nechí, Cáceres, Tarazá y El Bagre), la Unidad para las Víctimas ha priorizado los planes de reparación colectiva a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, de retorno y reubicaciones de desplazados, así como la medida de rehabilitación sicosocial.
Por eso estos municipios también se benefician de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la política de Estabilización Paz con Legalidad del Gobierno Nacional. A través de estos, además de los planes de reparación, se desarrollan en la actualidad proyectos de reconciliación, convivencia y construcción de paz.
También mejoramiento de infraestructura comunitaria (escuelas, viviendas, puestos de salud) obras viales, la formalización, titulación y restitución de tierras, proyectos de conectividad rural (internet), sustitución de cultivos ilícitos, servicios públicos, salud y educación, entre otros.
Fin/JCM/COG