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SNARIV departamental del Magdalena tomará decisiones importantes en 2017
El Comité de Justicia Transicional Técnico Ordinario será presidido por la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga, y contará con la asistencia técnica de la Territorial de la Unidad para las Víctimas.
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Este jueves 23 de febrero a las 9:00 a.m. en las instalaciones del despacho de la Gobernadora del se llevará a cabo el primer Comité de Justicia Transicional del Departamento.
Para este primer comité se pretende analizar el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), los proyectos que ejecutará este año la Gobernación tal como la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas y la articulación con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de sacar adelante las iniciativas de reparación integral y de carácter simbólico para la atención a dicha población.
“El SNARIV departamental, se reúne por primera vez durante el 2017, con el fin de organizar las estrategias que promuevan una mejor integración de las políticas públicas de cada una de las entidades, dirigidas hacia el bienestar y la superación de las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas del Magdalena”, expreso Carlos Alejandro Ortiz Ruiz, director Territorial del Magdalena de la Unidad para las Víctimas.
“Entre las entidades del SNARIV que cuentan con mayores aportes para la articulación interinstitucional en este proceso con las víctimas son el Sena, Icbf, Policía Nacional, Ejército, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Regional, Unidad de Restitución de Tierras y Unidad para las Víctimas. Por lo tanto se espera que se genere un plan de trabajo conjunto entre la Gobernación y estas entidades, para que al finalizar el 2017 y antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías, se tengan avances significativos en la implementación de diferentes medidas, que redunden en una reparación integral a las víctimas”, culminó Ortiz Ruiz.
Para este año, la Gobernación del Magdalena le reportó a la Unidad para las Víctimas y a la Defensoría Regional del Pueblo, una inversión de $1.267 millones para atención integral a las víctimas del departamento.