La defensora del Pueblo Elsa Gladys Cifuentes y el procurador regional de Risaralda, Ernesto Amézquita, estuvieron a la cabeza del seguimiento a las acciones emprendidas por las administraciones municipales en favor de las víctimas en territorio.

La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Regional en el departamento de Risaralda pidieron a todas las entidades que tienen relación con la implementación de la política pública de víctimas, un informe de las acciones emprendidas hasta el momento en bien de la población víctima que habita en el territorio.

Elsa Gladis Cifuentes, defensora del pueblo en esta zona del país, dio apertura al encuentro en esta dirección. “Estamos a seis meses de terminar mandatos desde la Gobernación y diversas alcaldías en nuestro departamento, esta es más que una invitación a revisar qué hemos hecho en favor de las víctimas del conflicto armado, cómo hemos mejorado sus planes de vida y de qué manera los hacemos de nuevo parte de nuestro tejido social, estamos solicitando de manera pública a los alcaldes que no se nos vayan con deudas con la población víctima y que apropien recursos para cumplir con los compromisos”.

En tal sentido la Gobernación de Risaralda y cada una de las 14 alcaldías municipales que conforman el departamento, rindieron un balance ejecutivo de las diferentes actividades y gestiones realizadas en materia de salud, educación, vivienda, proyectos productivos y caracterización, que redundan en el bienestar de los sobrevivientes del conflicto armado.

“Esto amerita una atención y un llamado especial para que las víctimas tengan garantías sobre los derechos de los que son sujeto, por ello hoy hacemos seguimiento a la implementación de la política pública de víctimas, la paz todos la pintan blanca y la de Colombia es una paz llena de matices, pero es una paz nuestra, así esté llena de particularidades”, expresó Ernesto Amézquita, Procurador Regional de Risaralda.

Durante la intervención de la Unidad para las Víctimas y sustentados en los datos de la Red Nacional de Información en Risaralda la Unidad atiende a 86.114 personas, hasta el momento y desde el inicio de la vigencia de la Ley 1448 se han entregado 15.140 indemnizaciones, por un valor de $96.269 millones de pesos. Tan sólo este año se han entregado 325 indemnizaciones por valor de $2.207 millones de pesos.

De igual manera se expusieron los avances en materia de comités de justicia transicional, reparación colectiva, teniendo a Mistrató como ejemplo en el país, por haber sido el tercer sujeto de reparación colectiva que se cierra con sus medidas de reparación y satisfacción implementadas, además de la apertura del Centro Regional de Atención en Pereira y la asesoría a las distintas administraciones para avanzar en el proceso de caracterización, entre otros.

“Agradecemos mucho estas iniciativas del ministerio público, porque a través de ello podemos visibilizar realmente qué es lo que se ha hecho por las víctimas en el departamento, ha sido un esfuerzo impresionante del Gobierno Nacional y de los mandatarios locales que unos en mayor medida que otros implementan iniciativas para lograr que las víctimas se sientan productivas y parte activa de la comunidad, seguiremos trabajando de manera decidida por nuestra población”, concluyó Laura Moreno, directora territorial de la Unidad.

(Fin/EHB/DFM/LMY)