La subdirectora de la Unidad para las Víctimas precisó que el tema electoral debe ser ajeno y transparente para todos los afectados por el conflicto.

“No queremos retroceder en lo que hemos venido adelantando y no queremos que estos cambios de Gobierno hagan que las víctimas retrocedan en sus procesos”, advirtió Lorena Mesa, subdirectora de la Unidad para las Víctimas, en el Encuentro “Cierre exitoso de Gobiernos Locales, En política de atención y Reparación Integral a Víctimas del Conflicto”, realizado en el Hotel Tequendama de Bogotá.

“En los informes de cierre de los alcaldes salientes es importante la información que les pueda servir a los nuevos mandatarios para continuar con la implementación de la política pública de víctimas y para que el empalme no lo sientan las víctimas”, explicó Mesa.  

La funcionaria recalcó que “estos temas administrativos y los cambios de Gobierno y Administraciones, sean temas transparentes para ellos y que podamos seguir en una ruta adecuada de atención que incluye la información referente a los puntos de atención, la competencia que tienen frente a la gestión, el acompañamiento y los planes de retorno, entre otros”.

“Hacemos un llamado también para que atiendan una campaña antifraude que en este tema de elecciones territoriales puede hacer que las víctimas caigan ante falsas promesas para ser priorizados a cambio de un voto”, subrayó. Mesa fue enfática: “Nuestra recomendación especial, es que tengan en cuenta que las víctimas no están incluidas en política”.

Asistencia permanente

Aura Helena Acevedo, directora de Gestión Interinstitucional, dijo en el evento que “el balance es positivo, porque la Unidad para las Víctimas quiere tener una cercanía absoluta con todos los gobiernos locales”.

“Este es un ejercicio que estamos liderando desde la subdirección Nación-Territorio, con el objetivo que se haga un cierre exitoso en todos los gobiernos salientes y un empalme con los gobierno entrantes”, anotó.

Acevedo señaló que se quiere “desplegar todo el recurso humano y técnico para que los alcaldes tengan todos los insumos necesarios y generen un empalme acertado que garantice una continuidad en todo el tema de política pública de víctimas en el ámbito territorial. Quiero que ustedes tengan en cuenta que todas las recomendaciones que estimen pertinentes”, recalcó.

A su turno, María Cristina Carreño, subdirectora de prevención y emergencias de la Unidad, señaló que lo más importante ha sido la coordinación entre los entes territoriales y nuestra entidad para la atención. “En las alcaldías ya hay plena conciencia de los planes de contingencia como instrumento de atención en la inmediatez”, explicó.

Adicionalmente, comentó que entidades territoriales con alto riesgo de victimización han hecho esfuerzos presupuestales para atender a víctimas en estas etapas y que se protocolizaron 477 áreas de contingencia y hubo atención en 211 eventos masivos. “Lo esencial es que todos sumemos a la atención ante hechos victimizantes para hacer diferencia y restituir los derechos de los afectados”, agregó.

Para Juanita Ibáñez, subdirectora de Reparación Colectiva, en estos últimos tres años, los avances que tenemos en los sujetos de Reparación Colectiva han sido importantes. “Tenemos más de 600 sujetos de Reparación en Colombia. De ellos, 150 cuentan con un Plan aprobado con medidas de satisfacción, restitución, rehabilitación, garantías de no repetición e indemnizaciones”, apuntó.

Ibáñez dijo que hoy existen 3.600 medidas o acciones aprobadas en todos esos Planes de Reparación Colectiva y se han logrado implementar 1.221 en la historia de la implementación de la Ley.

También sostuvo que en los últimos 3 años y medio, gracias a las alianzas en los territorios, con municipios y gobernaciones, se implementaron 1.157 acciones, es decir, que “el avance más grande en implementación que hemos tenido en la historia de la Ley ha sido en estos tres años y medio, por las alianzas estratégicas que hemos hecho con los territorios”.

Destacó la visibilización que los alcaldes les han dado a los sujetos de Reparación Colectiva en cada municipio en los Comités de Justicia Transicional y las alianzas para infraestructura social comunitaria, así como las medidas que ya favorecen a 38 municipios en 49 sujetos que desarrollan 69 proyectos concretos, por un valor de $7.000 millones.

Aida Solano, coordinadora del grupo psicosocial de la Unidad para las Víctimas, rescató el reconocimiento de esta materia y manifestó que ahora está en la agenda de Gobierno de cada uno de los entes territoriales.

“Las víctimas no solo necesitan lo económico para restablecer su realidad, dijo Solano, tras indicar que en los últimos cuatro años, la atención individual psicosocial por parte de la Unidad en muchos de los municipios, ha favorecido la recuperación emocional de 150.000 víctimas en todo el país. “De manera complementaria con el Ministerio de Salud se han favorecido 380.000 afectados por el conflicto. Así que hemos apoyado a más de 530.000 víctimas del conflicto”, añadió.

Finalmente, Yolman Osorio, coordinador Nacional de Retornos y Reubicaciones de la Unidad, explicó que en el Registro Único más del 90 por ciento de víctimas ha sufrido desplazamiento forzado, por lo que tienen derecho al Retorno y la Reubicación.

Osorio recordó que hay 257 planes de retorno y reubicaciones aprobados y en implementación, en el mismo número de entidades territoriales. “247 municipios invitados a este evento, 149 de ellos tienen plan aprobado y 54 lo aprobaron en el este último período de Gobierno y la apuesta es implementar los planes, no solo aprobarlos”, reafirmó.