La Unidad de Servicio Público de Empleo, el SENA y Comfachocó en articulación con la Unidad para las Víctimas dieron a conocer la estrategia a empresarios de Chocó.

A través del convenio de cooperación N° 103 de 2021 suscrito entre la Unidad del Servicio Público de Empleo y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) se desarrollará la estrategia integral de inclusión laboral a víctimas del conflicto armado para la vigencia 2021-2022.

Con ello  se busca la mitigación de barreras individuales, organizacionales y de entorno; también, tiene un enfoque de cierre de brechas para que haya cantidad, calidad y pertinencia de formación. Otros de los objetivos es la reactivación económica y el fortalecimiento de los prestadores (oficinas públicas de empleo) que le permitan brindar herramientas e instrumentos adicionales para la atención a la población víctima.

El papel de la Unidad para las Víctimas en esta estrategia es informar que existe esta estrategia de inclusión laboral y validar, a través del Registro Único de Víctimas (RUV), que efectivamente pertenecen a esta población vulnerable para poder acceder a dichos empleos.

Vanessa Palacios, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Chocó, manifestó su complacencia por esta iniciativa del Gobierno nacional y la OEI pensando en las barreras que manifiestan las víctimas al no ser tenidas en cuenta en distintas ofertas de trabajo. Con lo anterior “no solo se abre un abanico de posibilidades y de oportunidades, sino también se activa el restablecimiento de derechos de las víctimas, generación de confianza y fortalecimiento de capacidades a través de entidades como el SENA y Comfachocó”.

¿Quiénes se benefician?

Quienes se benefician son empresarios con la consecución de personal, apoyo económico para el apalancamiento del personal, seguimiento de personal contratado y fortalecimiento de competencias. También la sociedad, por tener procesos altamente inclusivos y el apoyo al crecimiento de la economía y desarrollo de la región y las víctimas.

Además, habrá beneficios tributarios para quienes empleen a mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad, contratación de adulto mayor y contratación de jóvenes entre los 18 y 28 años; las deducciones oscilan entre 120 % y 200 % en impuesto de renta.

Se entrega un monto único por servicio para cada persona contratada en la empresa por un periodo mínimo de seis (6) meses por valor de $1.522.470. Las empresas dispondrán directamente de los recursos de apalancamiento laboral por única vez. También se dispondrá de unos recursos por valor de $824.000 por víctima participante para que se pueda mitigar las barreras de competencia y capacidad laboral.

JDP/COG