Colciencias, MinTIC y la Unidad para las Víctimas declararon abierta la convocatoria de Ideas para el Cambio, Ciencia y TIC para la Paz. El objetivo es encontrar soluciones innovadoras al mayor reto que enfrentan 10 comunidades afectadas por el conflicto armado. Alan Lara, director de la Unidad, definió la iniciativa como “una oportunidad extraordinaria”.

Las organizaciones y personas que quieran contribuir con innovación a solucionar el mayor problema de una comunidad del país afectada por el conflicto armado, podrán expresar su interés participando a través de la página www.ideasparaelcambio.gov.co en la convocatoria organizada por Colciencias, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unidad para Las Víctimas.

La apertura oficial de la convocatoria del programa Ideas para el Cambio, Ciencia y TIC para la Paz, fue hecha en el Jockey Club de Bogotá, a donde asistieron representantes de algunas de las 10 comunidades seleccionadas para ser beneficiadas con la iniciativa, y que son sujetos de reparación colectiva en diversas regiones del territorio nacional.

Los interesados en aportar soluciones pueden participar desde hoy y hasta el 29 de septiembre de 2017 en esta cuarta versión del programa Ideas para el Cambio.

La iniciativa ha logrado motivar desde el año 2012 el desarrollo de soluciones innovadoras a partir de la ciencia y la tecnología, y este año tiene un nuevo enfoque de paz con el propósito de atender los desafíos de 10 comunidades de sobrevivientes del conflicto y mejorar su calidad de vida en un contexto de posconflicto.

En desarrollo del programa, con cada comunidad se realizó una concertación durante tres meses para escoger el principal problema colectivo al que quieren encontrarle solución.

La iniciativa pretende a la vez apoyar procesos de apropiación social de ciencia, tecnología y TIC.

Al acto de lanzamiento de la convocatoria fue presidido por el director de la Unidad para las Víctimas, Alan Jara, el director de Colciencias, César Ocampo, y el viceministro general de TIC, Juan Sebastián Rozo.

Para Alan Jara esta iniciativa permitirá obtener mejores resultados con las víctimas. “Ideas para el Cambio, al vincular la ciencia y las tecnologías de información y de las comunicaciones, al servicio de la paz, es sin duda una extraordinaria oportunidad; queremos hacer énfasis en la reparación colectiva y a partir de estas iniciativas, que involucran a otras entidades del Gobierno Nacional, hacer una invitación a los desarrolladores, a las universidades, a la academia, para que con un esfuerzo colectivo haya mejores resultados hacia la población víctima, que es nuestro propósito”.

Las diez comunidades sujetos de reparación colectiva seleccionadas para trabajar colaborativamente con el proponente de la solución son:

- Simacota  - Sector Alto del municipio de Simacota,  Santander
- La Dorada - San Miguel, Putumayo
- Libertad - San Onofre, Sucre
- Vereda la Secreta - Ciénaga, Magdalena
- Mapiripán - Meta
- Kanalitojo (Pueblos Sikuani, Amorua y Saliva)  - Puerto Carreño, Vichada
- Cabildo indígena de Kitek Kiwe - Timbío, Cauca
- Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato Cocomaunguía - Unguía, Chocó
- El Arenillo - Palmira, Valle del Cauca
- Argelia – Antioquia

El director de Colciencias, César Ocampo invitó a todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a participar en la convocatoria “Ideas para el Cambio: Ciencia y TIC para la paz” con soluciones innovadoras para el desarrollo humano y sostenible de diferentes comunidades vulnerables del país y de esta forma seguir trabajando por el país en paz que tanto anhelamos”.

El programa contará con una inversión de 1.800 millones de pesos que financiarán la implementación de las diez soluciones. Beneficiará a 1.582 familias integradas por cerca de 6.328 personas.

El desafío de cada comunidad

Edwin Humberto Guetio, líder indígena del cabildo Kitek Kiwe (que significa tierra floresciente), representa las 144 familias con 390 personas que integran su comunidad, ubicada a tres kilómetros de la cabecera municipal de Timbío, Cauca.

Guetio dice que la necesidad más sentida en su comunidad es un sistema de abastecimiento y potabilización del agua. “Hay dos acueductos en Timbío pero no hemos podido obtener el agua de ninguno. La hemos tomado de un pozo y eso nos ha generado muchos problemas de salud, hongos y otras enfermedades, porque el agua no es saludable”.

Estas personas son sujeto de reparación colectiva porque fueron víctimas de la masacre del Alto Naya cometida los días 10, 11 y 12 de abril, en Semana Santa de 2001, por el  Bloque Calima, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El hecho violento dejó 27 víctimas reconocidas por el Estado, aunque la comunidad dice que fueron más de 100, así como más de 4.000 desplazados que posteriormente han ido retornando a su territorio original.

Alexander Achagua, es líder de la comunidad indígena de Kanalitojo (pueblos Sikuani, Amorua y Saliva) con 33 familias integradas por 161 personas, ubicada a 25 kilómetros de la cabecera municipal de Puerto Carreño, capital de Vichada. El reto de su comunidad, según dice, es la energía “en las viviendas y que sirva de soporte para el procesamiento de la yuca para sacar casabe y mañoco que son sustento alimenticio de la comunidad”.

Achagua cuenta que los intentos de generar energía en su comunidad han sido fallidos. “Hemos tenido plantas individuales pero eso no ha funcionado porque hay que comprar combustible y no contamos con recursos, y hace como 15 años una entidad estatal nos dio páneles solares pero sin mucha capacidad, solo como para uno o dos bombillos, y eso se dañó rápido y nadie les hizo mantenimiento”.

El líder indígena explica que el conflicto armado los ha afectado “a consecuencia de la disputa por nuestro territorio ancestral, que son 573 hectáreas; desde 1995 hemos estado haciendo solicitudes y no ha sido posible que el Estado nos reconozca el derecho territorial que tenemos”. En consecuencia, dice, han llegado grupos armados a disputar el territorio, entre ellos los paramilitares y otros, por lo cual han sufrido amenazas, muertes y desplazamientos.

Rafael Costa Palacios, vino al acto de lanzamiento de la convocatoria en Bogotá, en representación de la comunidad de la vereda Marriaga del municipio Unguía, en Chocó, compuesta por 57 familias con 213 personas y 48 viviendas. “La problemática que escogimos es el agua, porque es preocupante que donde vivimos, al río caen muchos químicos, desechos, plásticos, sedimentación, excretas. En verano las aguas bajan y hay un olor fétido y a  veces a los niños les da diarrea y salpullido en la piel”.

La comunidad en la que vive Costa está ubicada frente a un brazo del río Atrato, afectado por los productos químicos que una comunidad vecina aplica al pasto para ganadería y a los cultivos de plátano y otros. Además, las lanchas dejan en el río la grasa de sus motores, y la desecación de las parcelas genera sedimentación. “Nunca hemos tenido agua potable, consumimos la del río y en invierno, la de lluvia”.

Esta comunidad ha sido víctima del conflicto armado en Chocó desde 1995, por la presencia de las Farc, los paramilitares y otros grupos armados ilegales que han generado muertes y “mucho miedo” por lo que “muchas veces a la comunidad le toco desplazarse”, explica Rafael Costa.