La entidad con estas acciones busca garantizar la adecuada coordinación entre la nación y las entidades territoriales y entre estas, para el ejercicio de sus competencias y funciones al interior del Sistema, de acuerdo con los principios constitucionales y legales de corresponsabilidad, coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y de delegación.

La Unidad para las Víctimas brindó asistencia técnica en las generalidades del Decreto Ley 4633 de 2011 a funcionarios de Prosperidad Social que atienden a población víctima residente en el Vaupés.

Esta articulación, comprendida dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y está constituida por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territoriales y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, que tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas.

Nelly Corena, profesional integral del Vaupés, afirmó que se socializaron los componentes fundamentales de las medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.

El director territorial para Meta y Llanos orientales, Carlos Arturo Pardo Alezones, indicó que en este departamento reside un gran número de familias étnicas, asentadas en zonas rurales, a quienes la entidad está acompañando en los casos en que sus derechos como pueblos indígenas han sido vulnerados a causa del conflicto armado.

Pardo Alezones destacó la importancia de capacitar a los profesionales en territorio para la atención efectiva y, sobre todo, acorde a los parámetros legales que el Estado colombiano ha constituido para garantizar la pervivencia de las familias de pueblos ancestrales. Participar en la formulación e implementación de la política integral de atención, asistencia y reparación a las víctimas de que trata esta ley.

La entidad con estas acciones busca garantizar la adecuada coordinación entre la Nación y las entidades territoriales y entre estas, para el ejercicio de sus competencias y funciones al interior del Sistema, de acuerdo con los principios constitucionales y legales de corresponsabilidad, coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y de delegación.