En el primer Comité de Justicia Transicional del departamento de 2017 fueron revisados los avances en los planes de acción de los diferentes municipios con respecto a las víctimas.

El primer Comité de Justicia Transicional del año en el departamento de Magdalena se realizó con el fin de evaluar el desarrollo de los planes de acción de las alcaldías municipales para las víctimas del conflicto armado, así como para presentar opciones de mejora a la articulación entre las entidades estatales encargadas de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en la región. 

El Comité se realizó en el Salón Ayacucho del Batallón Córdova, liderado por la Gobernadora de Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga y participaron representantes de otras entidades como los alcaldes de 25 de las 30 alcaldías municipales del departamento, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, el ICBF, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el Sena, los representantes de la Mesa de Víctimas del Magdalena, el Ministerio Público y todas las instituciones públicas magdalenenses. 

“Los alcaldes mostraron el compromiso que tienen en la implementación de la ley de víctimas; en sus informes presentaron avances bastantes significativos en el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población víctima”, expresó Carlos Ortiz Ruiz, director territorial de la Unidad.

Por su parte, Jaime Duque, director de la Oficina de Derechos Humanos, Postconflicto y Víctimas de la Gobernación de Magdalena, explicó algunas gestiones del orden nacional.

“Una de las propuestas que venimos conversando para la vigencia 2018 es que se habrá un banco de proyectos desde la Gobernación para que los municipios puedan presentar proyectos encaminados a la reparación integral a las víctimas y que, de alguna manera, con los recursos propios de libre inversión, el departamento pueda cofinanciar a cada uno de los municipios”, informó.

Según reveló Duque, la Gobernación incluyó para las víctimas del conflicto armado un presupuesto de 300 millones de pesos en los años 2015 y 2016 y para la vigencia de 2017 lo aumentó a 550 millones de pesos, que pueden llegar a 975 millones después de varias gestiones internas. Adicionalmente, dijo, a nivel nacional esperan conseguir alrededor de 3.450 millones de pesos”

Aprobado concepto de seguridad en los municipios

En el Comité fue aprobado por unanimidad el concepto de seguridad en el territorio, aunque condicionado debido a que la Defensoría del Pueblo presentó el informe 010 del 2017 que se refiere a población amenazada y en situación de riesgo en este momento.

En las intervenciones realizadas por los alcaldes municipales, Edgardo Pérez, mandatario del municipio de Ciénaga, anunció que estará trabajando en los corregimientos de Palmor, San Pedro y San Javier en la cimentación de unas placas huellas, con un presupuesto de 2.400 millones. Así, mejorarán las condiciones de acceso a la zona y la comercialización de los productos de las víctimas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

De igual forma, Pérez informó que seis mil millones de pesos, junto con el Ministerio de Minas y Energía, para iniciar un proyecto de energía alternativa que beneficiará a 287 familias víctimas del conflicto armado y a siete instituciones educativas.

Al finalizar la jornada, la Procuradora Regional del Magdalena, Ana Maria Muelle señaló que se hará un llamado especial a los alcaldes que no acudieron al Comité y tampoco han enviado informes, con lo cual entorpecen las estrategias para beneficiar a los sobrevivientes del conflicto armado.

Los Comités de Justicia Transicional se realizan en cumplimiento del artículo 253, numeral 2, del decreto 4800 del 2011.

Estos Comités son la máxima instancia en los departamentos y municipios para tomar decisiones interinstitucionales en desarrollo de la política pública para las víctimas que se basa en la Ley 1448 de 2011.