Paralelamente a este anuncio, las entidades asistentes al Comité de Justicia Transicional adelantaron temas de vivienda, generación de ingresos y la instrucción para el desarrollo de los protocolos para las reparaciones colectivas.

Las instalaciones de la Gobernación del Guaviare sirvieron de sede para el desarrollo del Comité de Justicia Transicional, que contó con la asistencia de representantes de entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas con presencia en la capital del departamento.

En la jornada  las instituciones revisaron los contenidos de los planes de acción territorial, realizando actualizaciones a los compromisos teniendo en cuenta el vencimiento del vigente y la formulación de las estrategias a 2018. Dentro de lo formulado, las entidades asistentes, adelantaron temas de vivienda, generación de ingresos y planes de soporte de los comités, así como la instrucción para el desarrollo de los protocolos para las reparaciones colectivas en agenda de la entidad.

Al mismo tiempo, se notificó a la población sujeto de reparación colectiva de Charrasquera. Este grupo de más de 150 personas fueron desplazadas en zona rural de San José del Guaviare en el periodo de 1990 a 2005, por grupos armados al margen de la ley que generaron la movilización en su totalidad de esta comunidad localizada en la vereda “Charras”.

“La Unidad para las Víctimas acompañará este proceso que permita retomar y hacer seguimiento a compromisos asumidos por instituciones del eje local y nacional para definir el acompañamiento del Estado a esta comunidad, contribuyendo a su reconocimiento como población víctima”, indicó Carlos Pardo, director territorial de la entidad.

La reparación colectiva es un derecho fundamental de los grupos, pueblos, u organizaciones sociales y políticas que hayan sido afectadas por la violación de los derechos colectivos, la violación de los derechos individuales de los miembros de los  colectivos o el impacto colectivo de la violación de derechos individuales. Así mismo, comprende medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en los componentes político, material y simbólico.