A la sesión especial fueron convocados 70 alcaldes de Santander con los personeros, enlaces municipales de víctimas y un representante de las víctimas en cada municipio.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, participó en la Sesión especial de la Comisión del Ministerio Público para la Justicia Transicional en la que se presentó el “Diagnostico sobre Política Pública de las víctimas del conflicto armado desde la mirada de la Comisión del Ministerio Público”  que se realizó en Bucaramanga, con la presencia de representantes de los municipios de jurisdicción de la Procuraduría Regional (Santander, Norte de Santander, Boyacá, Antioquia, Cesar y Bolívar).

A la sesión especial fueron convocados 70 alcaldes de Santander con los personeros, enlaces municipales de víctimas y un representante de las víctimas en cada municipio, quienes recibieron de la Procuraduría Regional de Santander y la Defensoría del Pueblo Regionales Santander y Magdalena Medio, el diagnóstico elaborado a partir de la revisión de los Planes de Acción Territorial para la Atención a las Victimas -PAT-.

Mediante la suscripción de un acta, los alcaldes asistentes se comprometieron a dar cumplimiento a los requerimientos de la Comisión del Ministerio Público, en varios aspectos dentro de los cuales se destacan la elaboración de la caracterización de las víctimas del conflicto armado, la actualización del Plan de Acción Territorial -PAT- y todas las herramientas del sistema de atención a víctimas del conflicto armado, la vinculación activa y propositiva de la Mesa de Participación de víctimas, la realización de los diferentes subcomités técnicos y Comité de Justicia Transicional y la asignación de presupuesto suficiente para el desarrollo de  los diferentes componentes de la política pública y los ejes transversales en los años 2017, 2018 y 2019.

Luis Alfonso Aparicio Reyes, director Territorial de la Unidad para las Victimas en Santander, expresó su compromiso de acompañamiento a los municipios para que con el esfuerzo de todos, se garanticen los derechos fundamentales de las víctimas.