La persistencia del hecho victimizante de desplazamiento forzado se hizo evidente durante el último Comité de Justicia Transicional. Sin embargo, diversas entidades mostraron resultados en beneficio de las víctimas.

En lo que va de 2018 han sucedido 23 desplazamientos en Norte de Santander, especialmente de campesinos que tuvieron que salir de sus hogares por enfrentamientos entre grupos armados que disputan territorio en Norte de Santander.

La cifra tiene preocupados a los integrantes del Comité de Justicia Transicional del departamento, que celebró su última reunión hoy en la Gobernación y a la que asistieron la directora territorial de la Unidad, Alicia Rojas Pérez y la profesional, Nelly Flórez Castellanos.

Durante la reunión, que tenía como eje central el seguimiento y evaluación al Plan de Acción Territorial (PAT) se recordó, que la mayoría de estos eventos víctimizantes han ocurrido en veredas y corregimientos de la zona del Catatumbo y los afectados se han trasladado a cascos urbanos de municipios como Hacarí, San Calixto, Ocaña, El Carmen, principalmente.

Los hechos han desbordado la capacidad de respuesta de los entes territoriales, pero han estado apoyados por la Unidad para las víctimas, que ha respondido bajo el principio de subsidiariedad, atendiendo todas las emergencias con ayudas humanitarias.

Para mediados de 2018, la Unidad para las Víctimas había entregado por ayuda humanitaria más de 6.000 millones de pesos, como respuesta a las solicitudes que hicieron las alcaldías afectadas por la llegada de desplazados.

Sin embargo, pese a los constantes desplazamiento, los miembros de CJT presentaron su informe de gestión aclarando que al margen de la situación del Catatumbo han avanzado en el cumplimiento de sus metas.

Funcionarios del Instituto Departamental del Deporte, por ejemplo, explicaron que durante estos 12 meses llevaron programas de recreación y deporte a 11.203 víctimas que hacen parte de los siete sujetos de reparación colectiva de la región, con una inversión de 122 millones de pesos.

Por su parte, la Secretaría de Educación explicó que atendió más de 7.000 estudiantes por el sistema educativo, ofreció apoyo psicosocial a 3.300 alumnos e intervino cerca de 15 instituciones ubicadas en zonas del Catatumbo.

El instituto de Salud hizo énfasis en la capacitación de los entes territoriales y la EPS sobre la expedición de las certificaciones para los discapacitados que serán priorizados en la indemnización a partir del próximo año.

La Unidad aclaró que esta acción está enmarcada en la Resolución 1958 de 2018, emitida por esta entidad, y contó que ha generado un proceso de socialización con alcaldías y gobernaciones, organizaciones y mesas de víctimas.