Con psicólogos especializados en manejo del duelo se orienta sobre la ruta de reparación a las familias de 15 víctimas de desaparición forzada, cuyos restos óseos serán entregados por la Fiscalía en Medellín.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas inicia la atención psicosocial y legal a las familias de 15 personas asesinadas y desaparecidas por grupos armados ilegales en Antioquia, cuyos restos óseos serán entregados por parte de la Fiscalía el próximo viernes en Medellín.

El equipo de psicólogos, junto con profesionales de la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía, acompañan desde hoy a 14 grupos de parientes “para prepararlos durante tres días previos a la ceremonia a afrontar de la mejor forma el momento doloroso de recibir las osamentas y conocer las circunstancias en las que murieron sus seres queridos”, explica Jorge Mario Álzate Maldonado, director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia.

Agrega “con esta orientación en el manejo del duelo se las apoya para la superación de esta dura experiencia”, además destaca se brinda “atención legal a estas familias sobre la ruta de reparación integral que sigue para ellas, según la Ley de Víctimas, para que puedan acceder a otras medidas como la indemnización económica y la demás oferta del Estado”.

En coordinación con la Fiscalía, la Unidad para la Reparación a las Víctimas se encarga de la logística para que las familias puedan llegar de diferentes zonas del departamento cubriendo sus gastos de transporte, alimentación y estadía en Medellín, así como los gastos de sepelios y ceremonias de las víctimas.

Desde la expedición de la Ley de Víctimas, se brindó atención psicosocial y se aportaron recursos para las ceremonias de entrega de restos óseos a más de 1.800 familias con víctimas de desaparición forzada y homicidio en el país. Y más de 2.000 familiares de desaparecidos en el conflicto han participado en la Estrategia de Recuperación Emocional.

Desde el 2012 han sido indemnizadas en Antioquia cerca de 10 mil familiares de víctimas de desaparición forzada, con recursos por más de 51 mil millones de pesos.