La Unidad para las Víctimas entregó 97 unidades productivas a víctimas de Neiva beneficiarias de un convenio interinstitucional que promueve los emprendimientos para mejorar la calidad de vida.

En desarrollo del convenio 1448 de 2018, denominado ‘Apoyo a las víctimas del conflicto armado: caminando hacia la productividad en el departamento del Huila, fase II’, 97 familias recibieron unidades productivas, con las cuales emprenden sus propios negocios y pueden mejorar sus condiciones de vida y desarrollar opciones de mejora para la comunidad que los acoge. 

El convenio fue suscrito el entre la Unidad para las Víctimas, la Gobernación del Huila, el Sena y 34 municipios del departamento, y la finalidad del mismo es entregar, en total, 830 unidades productivas a víctimas del Huila.

Las 97 unidades productivas, entregadas en Neiva a igual número de familias emprendedoras, comprenden: 2 de bizcochería, 4 de artesanías, 10 de panadería, 22 de restaurante, 19 de comidas rápidas, 18 salones de belleza, 3 de ornamentación, 9 de confecciones, 2 de taller de bicicletas, 2 de taller de motos, 2 de zapatería y de cultivos de especies (5 de pasifloras, 1 de cacao, 1 de aguacate y 2 de café).

Entre las víctimas beneficiarias se encuentra Edna Roció Pinto, madre cabeza de hogar, quien recibió los insumos para su salón de belleza denominado Rossi y expresó emocionada: “Hoy estoy muy contenta, con el corazón feliz, esto es una gran alegría, mis hijos son el motor de mi vida y sé que voy a aprovechar al máximo esta unidad. Invito a las víctimas beneficiarias en todo el departamento a que aprovechen las unidades, que no se desgasten vendiéndolas, sino que demuestren que son capaces de salir adelante con estas ayudas”.

El gobernador del Huila, Carlos Julio Gonzalez Villa y todo su equipo de trabajo lideraron y articularon con los entes territoriales y el Sena la elaboración de este proyecto, que la Unidad aprobó y cofinancio pensando en el bienestar de las víctimas del Huila.

En el evento fue socializada la estrategia antifraude y se solicitó a las víctimas informar sobre cualquier dificultad presentada en el desarrollo de su proyecto productivo, así como se les recalcó que la venta, alquiler o cesión de su unidad productiva no sea tenida por opción, ya que podrían incurrir en el delito de Fraude de Subvención, contemplado en el Código Penal.