La entrega de las cartas de indemnización se realizará paulatinamente durante el mes de junio y contará con la orientación sobre la inversión adecuada de estos recursos con el fin de que los beneficiarios puedan mejorar su calidad de vida y las de sus familias.

En Inírida, la capital de Guainía, la Unidad para las Víctimas realizará la entrega de 61 cartas de indemnización administrativa a sobrevivientes del conflicto armado, por un valor total que supera los $270 millones de pesos.

En Guainía hay un universo de 9.895 víctimas que son sujeto de atención y reparación. La Unidad para las Víctimas dispone toda su capacidad para atender las necesidades de las personas que han sido víctimas del conflicto armado en el país y ofrecer un proceso de reparación integral dentro de los límites que establecen las normas y las condiciones presupuestales para tales fines.

En las instalaciones de la oficina administrativa de la entidad se realizará la entrega por parte de la Unidad para las Víctimas, en el que se les brindará una orientación a los sobrevivientes del conflicto sobre la inversión adecuada de estos recursos con el fin de que puedan mejorar su calidad de vida y las de sus familias.

“La entrega del documento en el que el Estado colombiano les reconoce el pago de la indemnización, se irá haciendo parcialmente bajo el acompañamiento institucional con el objetivo de que los beneficiarios hagan buen uso de estos recursos y los extiendan en el tiempo” manifestó Martha Parra, profesional en  Guainía de la entidad.

Para Carlos Pardo Alezones, director territorial para Meta y Llanos, afirmó sobre estas acciones que “es satisfactorio hacer parte de este proceso en el que las víctimas del conflicto reciben estos recursos para que puedan de alguna manera superar lo que les tocó vivir en el pasado y lo puedan invertir de la mejor manera beneficiando a su núcleo familiar”.

El funcionario reiteró que la indemnización administrativa es tan solo una de las medidas contempladas en la Ley de Víctimas dentro de la ruta única de asistencia y reparación integral, en conjunto con la restitución de tierras (en casos de despojo), la rehabilitación psicosocial, medias de satisfacción y las garantías de no repetición. Las víctimas acceden a una o varias dependiendo de los daños sufridos y el tipo de hecho victimizante.