La cifra entregada supera los $288 millones que en su mayoría serán utilizados para montaje de negocios o mejoramiento de vivienda.

A sus 31  años  Anyie  Karime Soto se convertirá  en modista satélite de una microempresa que confecciona ropa infantil, gracias a los recursos que hoy le entregó la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en Cúcuta.

Ella, dos primos y la abuela que los crió, hicieron parte de los beneficiados con las 62 cartas-cheques, a través de las cuales se les   indemniza  por hechos violentos que les ocurrieron en el pasado. En el caso de Anyie y su familia, fueron desplazados de la vereda Llano Grande, jurisdicción de Tibú (Norte de Santander) en el 2002.

A la convocatoria sólo asistieron 42 de las víctimas aprobadas en esta oportunidad para el Departamento, y para este grupo la suma distribuida alcanzó una cifra cercana a los $288 millones. Nancy Sana, profesional de la Dirección Territorial para este proceso, manifestó que las otras 20 cartas quedan en mano del operador para que los beneficiados las reclamen hasta el 4 de agosto.

Con la suma que le correspondió, Anyie comprará una máquina de coser plana y una fileteadora. Así empezará a materializar el sueño de tener, algún día, su taller de confeccionista al mayor.

“Llevo más de cinco años trabajando en talleres, ya sé cómo es el negocio. Ahora quiero seguir pero independiente, es decir, voy a seguir cosiendo, pero desde mi casa, eso es lo que me permitirán las máquinas que compraré con el dinero de la indemnización.

Con esa perspectiva de futuro próspero, Anyie ya no piensa en la noche que los obligaron a dejar su casa, dice que está superado.  Ahora prefiere ver las ventajas que le trajo el hecho.

“Me instruí. Si estuviera allá estaría criando animales. Tengo preparación, otra vida que me gusta. Ya me olvidé de todo eso. Tuvimos unos años difíciles, pero a mi mamá–abuela le dieron también una casita, y ahora recursos en dinero. Estoy contenta”, asegura.

Otro embargado con el mismo sentimiento de Anyie fue Luis Alfonso Vergel, a quien los grupos margen de la ley lo sacaron de su finca en Teorama, en el 2002, porque no quiso sembrar coca.

“Llegaron un día y nos dijeron que teníamos que cultivar eso. Dijimos que no, entonces nos dieron una semana para que lo pensáramos. Regresaron y como dijimos otra vez no, nos sacaron”.

Desde entonces él, Felisa, su mamá y su hermano Rodrigo, se vinieron a Cúcuta. Los dos hombres venden lo que pueden en la calle, mientras su madre,  de 87 años se queda en casa.

“Parte de la indemnización será para arreglar el rancho donde vivimos, levantado en un lote que nos dio una hermana; le pondremos piso para aliviar tanto polvo que se  levanta. Lo otro será para trabajar, comprando y vendiendo”, manifiesta  Rodrigo.

La jornada de certificación de las indemnizaciones se cumplió en el Centro Regional de Atención a las Víctimas. Durante el evento se ofrecieron charlas sobre la importancia del registro ciudadano, renovación de cédula y demás documentos legales que deben portar o tener los colombianos, y sobre las ventajas de aprovechar estos recursos  para fortalecer un proyecto productivo.