Manuela Beltrán y Las Delicias, ubicados en el límite suroccidental de Cúcuta, son dos barrios que sirven de modelos en el municipio para los procesos de legalización de asentamientos de víctimas a través de las Mesas de Trabajo Interinstitucionales

Alrededor de 600 familias afectadas por el conflicto armado  que viven en  los barrios Manuela Beltrán y la Delicias, y que representan aproximadamente el 55 por ciento de los dos sectores, han sido beneficiadas con la legalización de sus predios y hoy están en la etapa de titulación.

Este avance fue dado a conocer durante la instalación  de la Mesa Local de Legalización, liderada por  la Alcaldía de Cúcuta, y en él participan entidades del orden nacional, regional, local e internacional, entre ellas la Unidad para las Víctimas, además de un representante de las víctimas por cada asentamiento.

El retorno a estos asentamiento y la legación del terreno para quienes lo hicieron es hoy un proyecto modelo que puede ser replicado en otros municipios del país. En su proceso, adelantado en 2015, se hizo una conciliación con el dueño  de la mayor extensión de terreno.

Las familias salieron desplazadas de estos asentamientos por amenazas, pero han ido retornando poco a poco en los últimos 10 años. Para el retorno, en los últimos años han contado con el  apoyo de varias entidades, especialmente por ACNUR y GIZ, que tienen experiencias previas con casos similares.  

En esta etapa y con el apoyo interinstitucional que acompaña los procesos gubernamentales  de retorno, reubicación y legalización de predios, y que hace parte de la reparación integral que brinda el Estado colombiano a las personas afectadas por el conflicto armado interno, la población empieza a sentirse dignificada y con restitución de sus derechos.

Durante la instalación de la Mesa de Legalización todas las entidades asistentes,  secretarías municipales de Prevención de Riesgos y  Desarrollo Social,  Planeación, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)  y la Agencia de Cooperación Internacional GIZ, aceptaron ser parte del proceso.

Con este propósito la Mesa se reunirá una vez cada dos meses y, si es necesario, de manera extraordinaria fuera de ese cronograma. Para la siguiente reunión se involucrará más a la población, y se presentará el proceso de legalización al Comité Territorial de Justicia Transicional, que se llevará a cabo en junio y en el cual participan otras entidades públicas.

Planeación municipal  estableció una meta de entre 20 y 30 asentamientos para legalizar durante el periodo de gobierno 2016 – 2019.  Para lograrlo,  ha incluido este ítem en el Plan de Desarrollo Municipal, estableciendo un equipo de trabajo para avanzar en el tema.

Entre los compromisos acordados en esta ocasión, la Unidad para las Víctimas, junto con la Secretaría Municipal de Posconflicto, realizarán la caracterización (condiciones de vida) de las familias que habitan en los asentamientos. Para ello se reunirán todas las tardes de los martes y miércoles de este año y un domingo de cada mes irán a uno de los asentamientos priorizados.