La Unidad pagó en las dos últimas semanas más de 2.200 millones de pesos a 193 personas afectadas por el conflicto armado en este departamento.

La Unidad para las Víctimas viene realizando las entregas de indemnizaciones administrativas en jornadas restringidas y horarios de citación concretos para evitar aglomeraciones que puedan poner en riesgo la salud de los beneficiarios y la de funcionarios de la entidad por la propagación de la COVID-19. La sede administrativa de la dirección territorial Central en Ibagué, que cumple con los protocolos de bioseguridad ha sido el escenario para las entregas.   

“Es una labor dispendiosa y de mucha responsabilidad, en la que como equipo nos hemos comprometido para cumplirles a las víctimas en toda la jurisdicción de la territorial y que a pesar de la pandemia estamos llevando los recursos que corresponden a esta medida de la reparación integral que entrega el Estado como compensación económica por los hechos sufridos en el marco del conflicto”, aseguró la directora territorial Central de la Unidad, María José Dangond David.   

El giro total para el desembolso de estas reparaciones fue de $2.233 millones, con los que 193 nuevos beneficiarios podrán fortalecer y reconstruir sus proyectos de vida atendiendo las orientaciones que la Unidad promueve frente a la adecuada inversión de los recursos.    

Es el caso el caso de María Rosalba Huertas de Gutiérrez, una mujer mayor del municipio del Líbano, quien manifestó su agradecimiento para con el Estado y dijo que “conozco y he sufrido la violencia desde el momento en que nací y ahora lo único que deseo es que nos permitan seguir viviendo en paz en nuestro campo y siendo feliz sembrando todos los cultivos que producimos”.   

Cabe aclarar que los montos y el turno que se le otorga a la víctima para la entrega de la medida de indemnización administrativa depende de las condiciones particulares de cada víctima, del análisis del caso en concreto y la disponibilidad presupuestal anual con la que cuente la Unidad, de conformidad los principios de gradualidad, progresividad y sostenibilidad fiscal establecidos en la Ley 1448 de 2011.   

(Fin/WPG/CMC/LMY)