Dic
26
2018

Comunidad kanalitojo recibió dotación inmobiliaria para su resguardo

La comunidad indígena, asentada en Puerto Carreño (Vichada), recibió elementos para fortalecer la infraestructura de la escuela y de los espacios colectivos con los que se mejorará las condiciones de habitabilidad en el territorio.

VichadaPuerto Carreño

La Unidad para las Víctimas lideró la entrega de elementos tecnológicos, escolares y mobiliarios con los que la comunidad kanalitojo, asentada en la zona rural de Puerto Carreño (Vichada), mejorará las condiciones de su infraestructura social y comunitaria.

La inversión de la entrega fue de alrededor de $ 45 millones, e incluyó elementos como archivadores, armarios tipo biblioteca, camarotes, comedores infantiles, mesas, sillas, escritorios, pupitres, ventiladores, tableros, estantes, estructuras de canchas deportivas, entre otros elementos de uso colectivo.

Carlos Arturo Pardo Alezones, director territorial para el Meta y Llanos Orientales, indicó que “el acompañamiento y el avance en la reparación del pueblo kanalitojo, ha sido relevante y con esta entrega se fortalece y se cumple otra medida aprobada en el Plan Integral de Reparación Colectiva de este sujeto”.

Con la entrega de los materiales y elementos se mejoraron las condiciones habitacionales de los 163 habitantes de los pueblos Amorúa, Saliva y Sikuani y se mejorarán las condiciones físicas de la Escuela Bilingüe de Puerto Colombia, sede kanalitojo.

Marco Julio García Achagua, gobernador de la comunidad, elevó un saludo de agradecimiento a la Unidad para las Víctimas, por la entrega de la dotación y el acompañamiento. “Agradecerles por ese apoyo tan grande que le han dado a nuestra escuela para el mejoramiento de la educación de nuestros niños, gracias a la Unidad por ese trabajo, por la entrega y por ese amor a nuestra comunidad”, afirmó García Achagua.

La comunidad kanalitojo aprobó su Plan Integral de Reparación Colectiva en junio de 2018, e inició la implementación de ocho medidas de rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización en los componentes social, político y económico. A la fecha, se han implementado siete de estas medidas de manera satisfactoria y en concertación con la comunidad.