Es la ciudad del país que más sobrevivientes del conflicto armado recibe. En sus 7 puntos de atención, ha atendido este año a 90 mil personas.

En Bogotá hay un universo de 360 mil víctimas que son sujeto de atención y reparación. Hasta el 30 de abril de 2018, la Unidad para las Víctimas había entregado indemnización administrativa a 32.255 personas, por un valor total de $239.575 millones.

En el Registro Único de Víctimas (RUV) figuran 727.735 personas, de las cuales 587.280 son sujeto de atención y reparación. Sin embargo, muchas de ellas no son residentes pero hicieron su registro en la capital del país, razón por la cual no figuran dentro de las estadísticas de reparación del distrito capital.

Aun así, Bogotá es la ciudad que acoge a más víctimas en todo el país, en su mayoría afectadas por desplazamiento forzado (78%), homicidio (10%) y amenazas (6%).

En lo corrido del año, la Dirección Territorial Central de la Unidad para las Víctimas -que cubre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y el distrito capital- ha atendido a 90.885 personas en sus 7 puntos destinados para ello en Bogotá.

De acuerdo con Jorge Sánchez, director territorial de la Unidad, después de los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno nacional y la exguerrilla de las Farc, el nivel de declaraciones por hechos recientes se ha reducido, lo que ha permitido una respuesta más rápida para los casos nuevos que se reportan.

En ese sentido, Sánchez señala que en muchos casos se está superando la expectativa y el mandato de ley según el cual el tiempo máximo de respuesta para que una víctima reciba ayuda humanitaria de emergencia es de 60 días. “Tenemos casos en los que en menos de 30 días las víctimas tienen el concepto de inclusión”, aseguró el funcionario.

Cuando una persona hace su declaración ante el Ministerio Público el distrito debe activar una ruta de atención humanitaria inmediata, mientras la Unidad valora los hechos y emite una respuesta sobre la inclusión o no de su caso ante el Registro Único de Víctimas. Si resulta incluido, debe recibir ayuda humanitaria de emergencia, que ya es responsabilidad de la Unidad para las Víctimas.

Además de la reducción de casos, la Unidad aumentó este año el equipo encargado de atención a víctimas en sus siete puntos de Bogotá. “Ampliamos la cobertura con un profesional por punto de atención, lo que se traduce en casi 50 personas más atendidas cada día”, indica Sánchez, quien reconoce que en este esfuerzo es particularmente notoria la articulación con la Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y a Reconciliación, bajo la batuta de Gustavo Quintero.

En cuanto atención psicosocial a las víctimas, el trabajo en Bogotá se ha concentrado en la población infantil y juvenil con una estrategia de acercamiento a través de los colegios públicos, hasta donde llegan los profesionales encargados para hacer las intervenciones con los jóvenes.

Dadas las características de la ciudad la participación de los adultos en los programas de reparación psicosocial se ha dificultado. “Sabemos que en los municipios la participación es más alta, porque la gente puede destinar más tiempo y no hay tiempos tan largos de desplazamiento”, señaló el director territorial.

En lo que va corrido del año, la Unidad para las Víctimas ha avanzado en el alistamiento del proceso de retorno de 171 familias indígenas del pueblo embera de Chocó y Risaralda que se encuentran en situación de desplazamiento en Bogotá. Así mismo, ha realizado acciones de socialización de los decretos ley de protección de la comunidad afro y ha trabajado en su caracterización en Bogotá.

La Unidad para las Víctimas dispone toda su capacidad para atender las necesidades de las personas que han sido víctimas del conflicto armado en el país y ofrecer un proceso de reparación integral dentro de los límites que establecen las normas y las condiciones presupuestales para tales fines.