La comunidad académica de la institución de educación superior fue reconocida como víctima del conflicto armado debido a los asesinatos selectivos de docentes y estudiantes durante más de una década. Esta semana la Unidad para las Víctimas se reúne con voceros de la Universidad para socializar las normas sobre reparación integral.

En un acto especial, la Universidad Popular del Cesar (UPC) fue notificada de la expedición de la resolución con la cual fue reconocida como sujeto de reparación colectiva por haber sido víctima del conflicto armado.

El reconocimiento es a la comunidad académica, compuesta por cerca de 350 profesores y 4.000 estudiantes, muchos de los cuales padecieron amenazas y asesinatos selectivos durante más de una década -entre 1997 y 2010, principalmente, aunque se habló de algunas amenazas en años posteriores-.

En el transcurso de esta semana se realizará la primera reunión entre la Unidad para las Víctimas y los voceros de la UPC para socializar la Ley 1448 de 2011 y otras normas relacionadas con los procesos de reparación colectiva. A esta fase se le denomina alistamiento.

Además de las muertes de profesores investigadores, docentes que eran líderes sindicales y de líderes estudiantiles, el ambiente y el tejido social de la Universidad se afectó pues no se volvieron a llevar a cabo eventos y prácticas culturales que servían para mantener la integración de la comunidad académica.

Entre otros hechos reseñados en los medios de comunicación, está el asesinato en 1997, en distintas circunstancias, de tres estudiantes: José Cuello Saucedo de la facultad de Matemáticas, Elizabeth Córdoba Uliana y Rosilda Arias, de Contaduría.

En 2001, fue asesinado el presidente del sindicato de profesores de la UPC, Miguel Ángel Vargas Zapata, en 2001, cuando salía del campus universitario.

En 2010 fue reseñada la amenaza de muerte a un grupo de docentes, a través de correos electrónicos y Facebook.

Algunas víctimas pertenecían al Movimiento Cívico Popular Causa Común y a la Unión Patriótica.

Según publicó en 2010 el medio virtual la Verdad Abierta, “durante una versión libre de varios paramilitares del Frente Mártires del Valle de Upar, que perteneció al Bloque Norte de Jorge 40, y que delinquieron en Cesar, revelaron cómo supuestamente infiltraron varias entidades estatales, entre ellas la Universidad Popular del Cesar y el DAS en ese departamento. Según lo que contaron los desmovilizados, entre ellos Adolfo Enrique Guevara, más conocido con el alias de '101' el poder de los ‘paras’ llegó a tal nivel en ese centro educativo que incidieron en la elección de su Rector en 2004”.

En el proceso de reparación colectiva que comienza ahora, tras la fase de alistamiento sigue la aplicación de herramientas que permitirán establecer los perfiles de las víctimas del conflicto armado, sus características en general, y la identificación de los daños, con lo cual se formulará el diagnóstico.

Luego, con la participación de la comunidad académica de la Universidad Popular del Cesar y diversas entidades estatales del Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) se elaborará el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), que será llevado para análisis y aprobación a un Comité Territorial de Justicia Transicional ampliado (no solo municipal, sino departamental). Tras ser aprobado, empezará a correr el plazo de tres años para su implementación.