Tras sufrir múltiples hechos victimizantes y afectaciones a su territorio y cultura, la comunidad de este resguardo indígena en Ituango, Antioquia, aprobó en consulta previa avanzar con el programa de reparación colectiva que coordina la Unidad para las Víctimas.

Las y los indígenas de Jaidukamá se resisten a perder su identidad como pueblo emberá katío eyábida (habitantes de montaña) y el territorio ancestral por la invasión de grupos armados y los flagelos del conflicto armado que alcanzó a sus apartadas comunidades. 

Por eso, en sus miradas y rostros maquillados se refleja el temor y la preocupación por los enfrentamientos y peligros que asechan a más de 400 habitantes que conforman este resguardo de 2.657 hectáreas ubicado en las montañas de Ituango, Antioquia, y con más de 100 años de existencia. 

También hay esperanza tras aprobarse en la reciente consulta previa el inicio del programa de reparación colectiva para resarcir los daños ocasionados por el conflicto armado, con la coordinación de la Unidad para las Víctimas. Esto en cumplimiento de los derechos de los pueblos étnicos (decreto 4633 de 2011) y las medidas cautelares a favor de este resguardo. 

Con ese fin, a la escuela rústica construida en madera llegaron casi un centenar de indígenas después de caminar varias horas desde sus casas construidas sobre las laderas para reunirse con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas. 

Allí, gracias a la traducción entre el idioma español y la lengua emberá por parte de funcionarias indígenas, conocieron la metodología, fases, beneficios y compromisos para avanzar con una reparación colectiva que contempla medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización y garantías de no repetición. 

A partir de octubre, se iniciará la fase de caracterización de las víctimas y los daños colectivos tanto materiales como sociales, económicos, al gobierno propio y al territorio ocasionados desde hace más de 25 años por enfrentamientos, asesinatos, desplazamientos forzados, accidentes con minas antipersonal, confinamientos, pérdida de bienes y amenazas.

Posteriormente, se concertará con los indígenas el diseño de las acciones de un Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) para su implementación por parte de las entidades nacionales y territoriales, bajo la coordinación de la Unidad para las Víctimas. 

Esos tiempos de violencia los vivió Leonardo Domicó, uno de los actuales líderes, quien relató que: “Somos víctimas de la violencia del conflicto y tuvimos que desplazarnos en 2021 y tener muchas pérdidas de cultivos, animales y hasta de nuestra cultura y medicinas”.  

Ni siquiera la remota ubicación de las comunidades de Jaidukamá y San Román los salvó del conflicto armado y convertirse en uno de los 375 resguardos con presencia de grupos armados en Colombia (65 en Antioquia). Los separan tres horas por vía terrestre del municipio de Ituango hasta el corregimiento La Granja y, desde allí, ocho horas de un largo camino mular cruzando montañas con altos y escarpados peñascos. También los ríos que cuando crece su caudal son peligrosos de atravesar. 

Atrapados por la violencia 

Desde la década de los 90 hay presencia de grupos armados que han afectado al resguardo por su ubicación en el Nudo de Paramillo, una zona estratégica y epicentro del conflicto armado entre la guerrilla, los grupos de autodefensas y la ofensiva militar por la comunicación natural a Córdoba, Antioquia y Chocó. También tiene cultivos de coca y aún es un corredor para traficar estupefacientes y armas.  

Como consecuencia, los indígenas empezaron a sufrir los flagelos del conflicto armado que persisten hoy, como las confrontaciones dentro de sus tierras y el riesgo de minas antipersonal enterradas por las extintas Farc para enfrentar la ofensiva del Ejército Nacional.

El uso indiscriminado de estos artefactos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario atenta contra la vida y las tradiciones de la población de Jaidukamá, tal como lo manifestaron al aceptar que su resguardo se convierta en Sujeto de Reparación Colectiva (SRC).

Mientras los hombres se cohíben de salir al monte a cazar, pescar y cultivar la tierra, las mujeres temen caminar en busca de bejucos para elaborar las artesanías y canastos que vendían en Ituango y municipios cercanos, incluso, les cuesta conseguir la fibra natural para hacer el tradicional y colorido sombrero chindau propio de su indumentaria. 

Los jaibanás, curanderos y guías espirituales, también están restringidos para llegar a los sitios sagrados como nacimientos de ríos, quebradas y las montañas altas, entre otros lugares.  

“Estamos muy limitados y perdiendo nuestra cultura y artesanías que nos daban una entrada económica. Por eso, necesitamos que se haga un desminado en nuestros territorios para tener un buen vivir”, reclama Fabián Domicó, el gobernador del resguardo.  

El riesgo es real, así quedó demostrado hace tres años, cuando Ernesto Jumí, un artesano murió tras explotar una mina enterrada en un terreno donde fue a labrar la tierra. “Por eso, tenemos miedo.  Aquí no estamos seguros”, agrega Domicó.

En la actualidad, hay enfrentamientos y disputa territorial entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. 

 

Reparación con enfoque étnico 

Según el gobernador de Jaidukamá, tras aceptar emprender el programa de reparación colectiva, “esperamos que el Gobierno responda y nos ayude a recuperar lo que perdimos por la guerra y conservar nuestra identidad”. 

Entre las carencias que esperan se resuelvan están mejores viviendas, salud, educación, seguridad alimentaria y proyectos productivos.  

La directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo Avendaño, destaca que: “La reparación colectiva se deberá hacer con un enfoque diferencial étnico y con medidas concertadas con la comunidad indígena para restituir los derechos vulnerados y mejorar sus condiciones de vida, pero considerando sus tradiciones y cultura”. 

El Registro Único de Víctimas incluye a un total de 569.799 indígenas en Colombia, de estos, más de 453.000 participan en procesos de atención y reparación de la Unidad para las Víctimas. Además, 403 comunidades son reconocidas para su reparación colectiva.  

En Antioquia, la entidad tiene 70 Sujetos de Reparación Colectiva correspondientes a comunidades campesinas, afrocolombianos, indígenas, población LGBT y organizaciones. En Ituango se incluyen en esta ruta los corregimientos de El Aro, La Granja y Santa Lucía. 

En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.