El equipo de trabajo de la Unidad para las Víctimas se desplazó durante 18 horas para atender a esta comunidad que habita en los llanos del Yarí.

Para dar cumplimiento a lo acordado en la mesa indígena del Caquetá y sur del Meta, en Altamira (Huila), durante las negociaciones del marco del paro nacional del 2021, 37 personas de la comunidad indígena Yaguara II fueron atendidas por la Unidad para las Víctimas durante una jornada de asistencia.

Parte de las solicitudes estuvieron asociadas a la indemnización por hechos relacionados con desplazamiento forzado, reclutamiento, delitos contra la integridad sexual y secuestro, lo mismo que atención humanitaria, entrevista de caracterización y orientación sobre procesos en trámite, entre otras.

En la visita, la Unidad para las víctimas entregó kits familiares a esta población en alto estado de vulnerabilidad, con el objeto de ayudar a solventar sus necesidades.

Yhina Lombana, directora territorial de la Unidad para las Víctimas Caquetá-Huila, afirmó que no se escatimarán esfuerzos ni recursos para dar respuesta con eficacia y oportunidad a los miembros de esta comunidad. Por ello, a partir de esta visita, se velará por hacer el acompañamiento necesario de tal forma que, con el lleno de los requisitos, las víctimas puedan acceder a la indemnización que corresponda en cada caso.

La comunidad indígena Yaguara II hace parte de los pueblos pijao, piratapuyo y tucano, en riesgo inminente de desaparición por cuenta del desplazamiento forzado y demás factores adversos en la histórica problemática social de los indígenas. 

“De ahí la importancia de atenderlos directamente en su territorio, escuchar sus reclamaciones y ofrecer soluciones tan rápidas y efectivas como sea posible, en lo que está comprometida la Unidad”, indicó Lombana.

La comunidad indígena Yaguara II está ubicada en zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, en los Llanos del Yarí, donde no cuenta con servicio de internet, ni señal telefónica. Por eso, fue de muy buen recibo que se llegara hasta el resguardo para atender inquietudes específicas, actualizar datos y dar curso a las respectivas solicitudes. Llegaron a esas selvas en los años 60 en un proceso de relocalización de comunidades pijaos del Tolima debido a la violencia en el centro del país, pero en el 2004 fueron sometidas a desplazamiento por las guerrillas de las Farc.

(FIN/NILR/COG)