Un aproximado de 63 individuos que integran el Resguardo Maguaré en Villavicencio, y quienes declararon afectaciones en el marco del conflicto armado en sus territorios ancestrales del Putumayo y gran resguardo del Vaupés, fueron notificadas como sujeto de reparación colectiva étnica.

La Unidad para las Víctimas notificó de la inclusión en el Registro Único de Víctimas a familias uitoto, bora y tatuyo, desplazadas del resguardo indígena predio Putumayo y gran resguardo del Vaupés, lo que permitirá iniciar su proceso de atención y reparación integral por las afectaciones causadas colectivamente en el marco del conflicto armado.

El Resguardo Maguaré se constituyó en el municipio de Villavicencio (Meta) cuando se registró en el 2003 la llegada de población desplazada proveniente de los departamentos de Caquetá, Amazonas y Vaupés, quienes se asentaron en el municipio y constituyeron la organización “Etnias Vivas” con el objeto de defender sus derechos como población, que en la actualidad está conformada por 63 individuos.

Según Carlos Pardo Alezones, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Meta y Llanos orientales, “la entidad adelantará las acciones correspondientes para el restablecimiento de sus derechos, teniendo en cuenta que son reconocidos como población desplazada que sufrió daños colectivos con ocasión de la violación grave y manifiesta de los derechos individuales de sus integrantes, en la forma y oportunidad legal establecida en el artículo 184 del Decreto Ley 4633 de 2011”.

“De esta manera, se tendrá que dar inicio al ejercicio de valoración y análisis de las situaciones que vulneraron los derechos colectivos de la comunidad, y el impacto que causaron sobre la vida de la población civil que la conforman, así como a la evaluación de los elementos jurídicos, de contexto, y técnicos que le permitan fundamentar la decisión al Estado colombiano para iniciar la ruta de atención establecida por la ley”, resaltó el funcionario.

Esta determinación es producto de una solicitud interpuesta por un representante de estas comunidades ante la Defensoría del Pueblo Regional Meta, el día 31 de julio de 2015.