En el último año la Unidad para las Víctimas incrementó en 154% su operación y acción con los sujetos de reparación colectiva. El programa cumple 7 años de implementación.

El Programa Administrativo de Reparación Colectiva fue creado por la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas, para fortalecer a las comunidades campesinas, étnicas, grupos y organizaciones que fueron vulneradas en el marco del conflicto armado.

Gracias a los ajustes y esfuerzos para fortalecer el proceso de reparación colectiva, en el último año la Unidad para las Víctimas logró acompañar a los primeros tres sujetos de reparación en la implementación del 100 por ciento de sus planes de reparación: la comunidad del centro poblado Guayabal de Toledo del municipio del Peñón (Cundinamarca); la población de Pita en el corregimiento Las Tablas en el municipio de Repelón (Atlántico), y la comunidad del corregimiento Santa Isabel de Curumaní (Cesar).

Los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) se elaboran por el colectivo y contiene las medidas con las cuales el Estado contribuye a su reparación y reconstrucción del tejido social.

En los siete años del programa se han reconocido 687 sujetos de reparación colectiva. De estos, 554 están en el proceso de formulación de su Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), y 133 ya están en implementación. En estos 133 colectivos, se han implementado 583 acciones, de las cuales el 67% fueron ejecutadas en el último año. Otras 299 acciones se encuentran en implementación.

Para las organizaciones y grupos que son sujetos de reparación colectiva se realizó una inversión de más de $10 mil millones para el desarrollo de su ruta de reparación y la implementación de su Plan Integral de Reparación Colectiva.

Con el esfuerzo de todos, el Gobierno Nacional ha podido mantener sus esfuerzos en casos de organizaciones o grupos que tienen incidencia nacional, muchos de ellos defensores de los derechos de las mujeres. Ejemplo de ello son Redepaz, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), el grupo de concejales y diputados, la Organización Femenina Popular (OFP) y la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (Anmucic nacional), que han recibido medidas y acciones de sus Planes Integrales de Reparación Colectiva por un monto de $7.266 millones para fortalecer sus procesos organizativos.

Igualmente, organizaciones como Narrar para vivir, ANUC, ANMUCIC, Redepaz y el Instituto de Capacitación Popular han podido recibir más de $2.000 millones para avanzar en la ejecución y cierre de 27 medidas de sus planes. En 2018, la Corporación Redepaz y la Asociación de Mujeres Afro por la Paz (Afromupaz) recibieron montos del orden de $850 millones para desarrollar pilotos de reconciliación en el oriente antioqueño y la recuperación de sus espacios de encuentro, respectivamente.

En aras de trabajar por acciones reales que contribuyan a la paz y los derechos de las mujeres víctimas de la guerra, el pasado 21 de julio la Unidad para las Víctimas hizo

entrega a la Organización Femenina Popular (OFP) de las adecuaciones de dos casas en Barrancabermeja (Torcoroma y Nororiente) y una en San Pablo (Bolívar), por un valor de $1.400 millones, para un total de más de $4.000 millones de pesos invertidos en este plan de reparación colectiva. Con estas adecuaciones la organización podrá atender en condiciones de dignidad a sus 1700 afiliadas y sus familias, así como desarrollar sus programas de salud, educación y acompañamiento.

Frente a las comunidades étnicas es importante resaltar que entre agosto de 2017 y junio de 2018 se han indemnizado ocho pueblos y comunidades étnicas reconocidas como sujetos de reparación colectiva, por un monto de $1.761.

La implementación de la ruta de reparación colectiva ha impactado en la vida de las comunidades campesinas, étnicas y organizaciones en el fortalecimiento político y organizativo, la renovación de liderazgos y el restablecimiento de la confianza entre ellos mismos y con el Estado.

De esta manera, el programa se convierte en ejemplo mundial para la recuperación del tejido social, la superación de las heridas ocasionadas por el conflicto y la reconciliación de los colombianos.