El 13 de octubre en una jornada comunitaria, la comunidad conocerá la hoja de ruta para su reparación luego de haber padecido el rigor del conflicto.

La Unidad para las Víctimas realizó una reunión con representantes de la comunidad del corregimiento San Adolfo, municipio de Acevedo (Huila) con el fin de socializar la ruta de reparación colectiva.

El proceso incluye una fase de identificación, alistamiento comunitario e institucional, diagnóstico del daño, formulación del plan integral de reparación colectiva (PIRC) y su implementación.

El encuentro se desarrolló en la sala de juntas de la Unidad para las Víctimas, Dirección Territorial Caquetá-Huila (sede Neiva) donde se definieron compromisos de las partes interesadas.

Intervinieron en esta oportunidad Yhina Paola Lombana López, directora de la Unidad, Territorial Caquetá-Huila; Jhon Fredy Vargas Lozano, subdirector de Reparación Colectiva de la entidad; Gentil Tapiero, alcalde de Acevedo; Alejandro Vargas Collazos, secretario de Planeación del municipio y Nur Collazos Silva, líder de la comunidad de San Adolfo.

La directora Yhina Lombana hizo énfasis en la importancia de escuchar a la comunidad en el marco de la Ley 1448 de 2011: “tenemos que entender la afectación del daño y para eso tenemos que alistarlos; la idea es que la comunidad identifique  cuáles son las fases y cuál es la intervención que se va a realizar; adicionalmente, es importante contar con el compromiso de las instituciones”, dijo, y señaló que se necesita de todas las entidades involucradas en la reparación integral a las víctimas.

Para el año 2022 se propone el inicio del PIRC, documento que dará competencia al Estado para la respectiva reparación. “Se inicia en 2022 para que en 2023 se esté aprobando e iniciemos la implementación, que es la realización de las acciones”, manifestó el subdirector de Reparación Colectiva. Una vez protocolizado el PIRC, se vuelve de obligatorio cumplimiento, aclaró.

Por su parte, el alcalde Tapiero dijo que un principio estaba inconforme con el proceso, pero reconoció que ya hay un derrotero trazado para el año 2023, con acciones que coinciden con el querer de la gente. La señora Nur Collazos Silva, como delegada de la comunidad, hizo un recuento de los hechos que presentaron en San Adolfo desde el año 1987, con múltiples violaciones a derecho humanos e infracciones del DIH a las que fueron sometidos durante muchos años, además de la estigmatización y al abandono. Agregó que el corregimiento busca ser reconocido como municipio y solicita apoyo para la titulación de predios.

Al respecto, Vargas Lozano aclaró los temas que son de competencia de la Unidad, mientras que otros serán gestionados ante las entidades competentes. Una nueva cita está prevista para el próximo 16 de septiembre y otra más el 13 de octubre, día en que se realizará una jornada comunitaria con miras a dejar cerrada la fase de alistamiento este año y pasar a la siguiente fase.

(FIN/NIL/COG)