Aproximadamente 600 personas de Guayabal de Toledo, se vieron beneficiadas de la reparación colectiva, en las que se implementaron medidas para el mejoramiento de la infraestructura y la entrega de dotación de equipos tecnológicos a cinco escuelas del centro poblado y sus veredas, entre otras acciones.

Al noroccidente del departamento de Cundinamarca, en el municipio del Peñón, se encuentra Guayabal de Toledo, una comunidad de origen campesino que, como muchas otras en el país, se vio alcanzada por el conflicto armado, entre grupos armados al margen de la ley FARC-EP y paramilitares, los cuales cometieron varios hechos victimizantes que vulneraron los derechos a la seguridad y la vida de la comunidad de este centro poblado, cuyas consecuencias ocasionaron el mayor desplazamiento de la población en el año 2002.

En el 2013, trascurridos 11 años de los hechos de violencia, el Gobierno Nacional, a través del decreto 1448 de 2011, reconoció a esta comunidad como víctima del conflicto y la incluyó como sujeto de reparación colectiva. A partir de ese momento, la Unidad para las Víctimas, asumió el gran reto de saldar la deuda histórica que ha dejado la guerra y de restablecer la confianza entre esta comunidad y el Estado.

Aproximadamente 600 personas de Guayabal de Toledo, se vieron beneficiadas de la reparación colectiva, en las que se implementaron medidas para el mejoramiento de la infraestructura y la entrega de dotación de equipos tecnológicos a cinco escuelas del centro poblado y sus veredas. De igual forma, con el apoyo de la Alcaldía Municipal se reconstruyó la plaza pública del Centro Poblado como punto de encuentro para la reconstrucción del Tejido Social.

En temas de reactivación económica y con el apoyo del Sena, la Alcaldía Municipal y otras entidades públicas y privadas, se hicieron capacitaciones en panadería, modistería, belleza y peluquería. Así mismo, se entregaron máquinas de coser que les permitieran crear asociaciones para el beneficio del colectivo, de igual manera se realizó el embellecimiento del cementerio, de la plaza pública, murales de la memoria, fortalecimiento de los lazos comunitarios, entre otros, con una inversión estatal aproximada a los $150 millones de pesos.

Cuatro años después, esta comunidad se convirtió en el primer sujeto de reparación colectiva que finaliza su proceso en el país, no obstante, los retos como colectivo para esta comunidad hasta ahora comienzan, serán ellos con sus mismos líderes de acciones en su territorio, quienes faciliten su crecimiento comunitario.