Los recursos servirán para la indemnización de las víctimas que dejaron los grupos paramilitares en la región de Simití (Bolívar) antes de su desmovilización a través de la Ley de Justicia y Paz.

Un proyecto productivo de palma aceitera, en el que víctimas trabajan con antiguos victimarios en predios de otrora influencia paramilitar, y que actualmente es administrado por la Unidad para las Víctimas, dejó una utilidad de 1.500 millones de pesos en 2015, según la rendición de cuentas presentada este sábado en zona rural del corregimiento de Monterrey (Simití, Bolívar).

Las utilidades del año pasado del proyecto de Coproagrosur irán a indemnizar a las víctimas del grupo armado reconocidas judicialmente. De acuerdo con María Eugenia Morales, directora técnica de Reparación de la Unidad para las Víctimas, el dinero se empleará para indemnizar a los damnificados por el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (BCB - AUC), cuyos comandantes entregaron los predios al desmovilizarse hace casi una década, en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

“Los primeros recursos que se deben utilizar para eso son los que provienen de los entregados por los postulados (a la Ley de Justicia y Paz)”, afirmó la funcionaria en el acto público que tuvo lugar en el predio Vistahermosa, de la zona.

El proyecto, que cuenta con unas 800 hectáreas sembradas de palma, superó así en 300 millones las ganancias alcanzadas en 2014, cuando la entidad recién asumió la administración de los predios.

Así, el Fondo para la Reparación a las Víctimas, perteneciente a la Unidad, está a cargo de “darle un manejo transparente, técnico y responsable a Coproagrosur, mientras los jueces deciden qué va a pasar con esta cooperativa y con las tierras y sus plantaciones”, indicó Juan Camilo Morales, coordinador de dicho Fondo.

“Según afirmaciones de excomandantes del bloque, esta cooperativa la conformaron las autodefensas para beneficio económico de ellos, aunque no es tema de la Unidad debatir si los socios fueron o no víctimas”,  destacó.

Luego de pasar por varias entidades del Estado desde 2009, los predios llegaron a manos del Fondo en 2014. Desde entonces, la Unidad impulsa allí tanto la palma de aceite –que antes era de propiedad de los ilegales- como un proyecto con búfalos, que pasarán a manejar mujeres víctimas del conflicto, tras finalizar unas capacitaciones en el tema.

Además, Coproagrosur apoya la siembra de cultivos agrícolas para asegurar la alimentación de los beneficiados.

Por el momento, 320 víctimas del exparamilitar Rodrigo Pérez Alzate (“Julián Bolívar”), comandante del bloque que actuaba en la región, han sido reconocidas mediante sentencia.

Sin embargo, la decisión que reconoce sus derechos  fue apelada, por lo que la Unidad espera un fallo en firme para proceder a la compensación.

“Estamos a la espera de que nos den vía libre para, posteriormente, indemnizarlas”,  dijo María del Pilar Bueno, integrante del equipo de Sentencias y Restituciones de la Unidad para las Víctimas.

No obstante, los funcionarios aprovecharon la rendición de cuentas para informar a las personas reconocidas por la decisión, en caso de que la sentencia se mantenga.

Aparte de la indemnización individual a las víctimas reconocidas judicialmente, la Unidad para las Víctimas adelanta además cinco procesos de reparación colectiva en el Sur de Bolívar, cuyo plan espera definir este año.