Más de 1.400 víctimas han sido beneficiarias del proyecto “Pespuntes para la paz”, una alianza público-privada que nació el año pasado -coordinada por la Unidad para las Víctimas-, y que busca dar estabilidad económica a los sobrevivientes del conflicto armado.

Víctimas que han padecido el desplazamiento forzado o el homicidio de sus familiares, y que han perdido su sustento económico tras vivir estos hechos, rehacen su vida con trabajo estable, gracias a una iniciativa en la que participan entidades públicas que hacen parte del Sistema Nacional de atención a las víctimas del conflicto armado y entidades  privadas, centradas en implementar acciones de apoyo en favor de las víctimas, y cuyo balance fue presentado este martes en la Unidad para las Víctimas.

Este recuento mostró que desde que se firmó el memorando de entendimiento entre la Unidad para las Víctimas –coordinadora-, el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias (UAOS), la Cámara de Comercio de Bogotá (CCC), la Cámara Colombiana de la Confección (CCC), la Fundación Andi, Cotelco Bogotá  y manufacturas Eliot (Pat Primo), unas 1.400 víctimas han iniciado este proceso.

“Estamos muy contentos de realizar este primer balance, posterior a la firma de un memorando de entendimiento en diciembre pasado”, dijo Cristina Álzate, representante de la Unidad para las Víctimas en la reunión.

“Para la Unidad para las Víctimas y el sector de la inclusión social y la reconciliación, este proceso es clave, en la medida en que supera la vulnerabilidad de la población víctima”, agregó.

El proyecto incluye una etapa de formalización para el trabajo, formación, fortalecimiento de las capacidades, vinculación laboral y negocios. La labor de la Unidad para las Víctimas en esta alianza consiste en proporcionar la información del Censo Productivo de Víctimas a nivel país, para encontrar los perfiles que se ajusten al futuro empleo, coordinar y articular en cadena la labor de todos los participantes de esta alianza.

Por su parte, el Sena se encarga de la formación laboral y productiva para  las víctimas, la UAOS del apoyo técnico para crear unidades productivas, el Ministerio de Trabajo del fortalecimiento productivo y de capacidad instalada; el Ministerio de Comercio de trazar la ruta para el tema de comercialización de los productos y los privados en acompañar los procesos de relacionamiento empresarial para la empleabilidad y negocios entre las víctimas y empresarios del sector. 

 “Estamos haciendo por iniciativa de la Unidad para las Víctimas,  una evaluación de toda la estrategia de articulación y apoyo, que de la mano del sector textil y de las confecciones se ha viene implementando, como una herramienta  de gestión que ha permitido a las víctimas recuperar su derecho al trabajo”, afirmó por su parte Gloria Cuartas, coordinadora del Grupo de Equidad Laboral, del Ministerio del Trabajo.

La mayoría de víctimas beneficiadas en el proyecto son en promedio mujeres y hombres entre los 35 y  43 años, en departamentos como Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca, Antioquia y la zona del Eje Cafetero, y como resultado de este esfuerzo, se han logrado comercializar 41.000 prendas por casi 400 millones de pesos.  

Empresarios del sector que se vienen sumando a esta iniciativa,  han donado igualmente  maquinaria y brindado acompañamiento para lograr avanzar de manera más dinámica en el restablecimiento de los derechos de las víctimas, la reconciliación nacional y la Paz.

“El evento de hoy es muy importante porque estamos ad portas de firmar un acuerdo definitivo con los grupos armados y de pasar por fin a una paz sostenible y duradera. En este sentido, se busca que las víctimas de un conflicto armado de más de 50 años puedan ser resarcidas”, aseguró Enrique Gómez, representante legal y vicepresidente de la Cámara Colombiana de la Confección, y víctima del conflicto armado del departamento de Antioquia.

“El sector de confección, el cual represento, tiene la parte práctica. El estado tiene la parte teórica y eso puede hacer que dure en el tiempo”, agregó Gómez, convencido de los beneficios de las alianzas público-privadas y del proceso armónico, articulado y sostenible que la Unidad de victimas viene desarrollando con actores del sector público y  privado.