Durante una audiencia pública en la Corte Constitucional, la Unidad para las Víctimas, en representación de todo el Gobierno, explicó los avances alcanzados en atención, asistencia y reparación para víctimas de desplazamiento forzado, desde que se aprobó la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011).

En el año 2004, la Corte Constitucional consideró que las políticas del momento no contrarrestaban la situación de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado y emitió la sentencia T–025 en la que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en esta materia. Desde 2011, con la aprobación de la Ley 1448 (Ley de Víctimas) durante la administración del Presidente Juan Manuel Santos, se han sucedido avances inéditos en términos de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, incluidas aquellas que sufrieron desplazamiento, tal como han reconocido diferentes organismos nacionales e internacionales.

Por este motivo, este lunes 14 de septiembre, la Unidad para las Víctimas, en cabeza del Gobierno Nacional, presentó un detallado análisis de 28 temas sobre los que se realiza seguimiento y solicitó el levantamiento del Estado de Cosas Inconstitucional en los siguientes aspectos: coordinación Nación-Territorio; fortalecimiento institucional; participación; registro y gestión de la información; presupuesto y financiación, y en los derechos de salud, educación y alimentación (frecuencia y diversidad).

Además, Paula Gaviria Betancur, directora de la Unidad para las Víctimas, solicitó ante los magistrados que se reconocieran los avances en los resultados de la medición de goce efectivo de derechos en cuanto a protección, prevención, vivienda urbana, verdad, restitución de tierras, ayuda humanitaria, retornos y reubicaciones, generación de ingresos, identificación y seguridad alimentaria.

Gaviria reconoció el papel que ha desempeñado la Corte Constitucional al visibilizar la situación de las víctimas de desplazamiento forzado y recordó el liderazgo del Gobierno Nacional en la puesta en marcha de toda una política pública centrada en el restablecimiento de los derechos de las víctimas, que tiene en cuenta la intervención de estas en las instancias de decisión. “Las víctimas ahora tienen voz e inciden en la política pública que les afecta […]. Se están generando nuevos liderazgos y la activa participación de las víctimas contribuye a una mayor transparencia”, señaló.

Avances en los derechos de la población desplazada

Gaviria aseguró que “la inversión para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada ha aumentado en un 430%, en términos reales de 2002 a 2014”. En términos económicos, añadió que, hasta la fecha, “más de 507.000 víctimas han recibido la indemnización administrativa, lo cual implica una inversión superior a tres billones de pesos, algo histórico en el país. De este universo, 87.177 son víctimas de desplazamiento forzado, que recibieron una suma de 337.567.744.070,61 pesos”.

La directora de la Unidad resaltó que “en 2015 se han indemnizado a 20.854 víctimas de desplazamiento por un valor de 78.361.123.686,23 pesos, es decir, el 91,5% de las víctimas durante la presente vigencia”. Al respecto, agregó que esto es una muestra del compromiso del gobierno. “Aunque estos recursos son utilizados de manera voluntaria por las víctimas muchas de ellas las han invertido para potenciar sus capacidades productivas, lo que aporta de manera determinante al desarrollo del país”, afirmó Gaviria.

No obstante, Gaviria señaló que la reparación va más allá de una indemnización administrativa y que también se ha brindado atención a través de la estrategia de recuperación emocional grupal, liderada por la Unidad para las Víctimas, y del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), implementado por el Ministerio de Salud.

En cuanto al tema de registro y gestión de la información, mencionó el proceso de intercambio de información “seguro y confiable” con el Ministerio Público. Gracias a la depuración y análisis del Registro Único de Víctimas (RUV), hoy es posible saber “con mayor exactitud el universo general de víctimas y los subuniversos activos e inactivos en términos de la demanda de atención y reparación”, algo que según la directora de la Unidad “ha permitido concentrar la acción del Estado en quienes realmente la necesitan”.

Durante su exposición, Gaviria hizo alusión a la Encuesta Goce Efectivo de Derechos (EGED) entre población desplazada, realizada a finales de 2013 y comienzos de 2014, en 157 municipios del país (incluidas las 23 capitales principales). Para ello, se gestó un convenio con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), una entidad de gran competencia y experiencia en el tema de las encuestas y mediciones. Esto sirvió para diseñar una metodología estadística válida y confiable, con procesos de levantamiento de información que garantizaron la calidad de la misma.

Dicha medición, al ser comparada con datos de 2010, nos revela que el número de hogares desplazados en situación de pobreza y pobreza extrema han disminuido en más de un 30% y 40%, respectivamente. El Gobierno Nacional está avanzando en el restablecimiento de derechos, con aspectos como la capacitación para el trabajo; orientación ocupacional; generación de autoempleo y empleo rural y urbano; y el acompañamiento para la inversión adecuada de los recursos provenientes de la indemnización administrativa.

Así mismo, se observa que el 78,6% de los hogares que tuvieron que desplazarse consideran que ya han iniciado su proceso de retorno y/o reubicación; el 91% de ellos no han sido nuevamente desplazados y el 80% no ha sufrido ningún otro hecho victimizante. Esto nos indica que han mejorado las condiciones para el regreso y/o el reasentamiento, proceso en el que la Unidad para las Víctimas ha acompañado a 80.000 hogares.

En lo relacionado con vivienda urbana, el gobierno aumentó la inversión para hogares víctimas de desplazamiento, superando el 60% del presupuesto total. Sirven como ejemplo las familias que han accedido a una residencia en la Plaza de la Hoja o en Las Margaritas en Bogotá. Según la EGED, el indicador de vivienda digna ronda el 20%, pero se debe tener en cuenta que al momento de medir no se había incluido aún el Programa de Vivienda Gratuita, ya que ha sido en el periodo 2014-2015 cuando empezaron a entregarse las viviendas. Esta cifra, por tanto, es mucho mayor actualmente.

Durante la audiencia, quedó de manifiesto que la coordinación de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas permite mejorar el acceso de los desplazados a sus derechos y contribuir a su estabilidad socioeconómica, pasando de un enfoque asistencialista a uno basado en la inclusión social. El conocimiento de las circunstancias en que se desenvuelve la población desplazada ha sido fundamental para la planeación y adecuada inversión de los recursos públicos, en un contexto donde ese Estado se vuelve más responsable en su acercamiento a las víctimas como ciudadanas, a las que informa de sus derechos y con las que interactúa en la construcción de la política pública que les atañe.

Por otra parte, Gaviria se refirió al contraste de las mediciones realizadas por la Unidad que dirige y la Contraloría General de la República, llegando a la conclusión que las encuestas no son comparables y aunque son un aporte para el análisis y seguimiento de la política pública, solicitó a la Corte que asuma como referencia la Encuesta de Goce Efectivo de Derechos que desarrolló la Unidad para las Víctimas en asocio con el DANE, ya que responde a los parámetros que la misma corporación definió a partir del Auto 161 de 2015.

También solicitó a la Corte Constitucional que este tribunal y la Unidad para las Víctimas, en representación del gobierno, realicen un seguimiento conjunto a los temas en cuya implementación aún persisten retos.

“Conocer mejor la situación real de las víctimas es el camino acertado en nuestro empeño por dejar atrás su vulnerabilidad. Igual de importante sería que no hubiese un solo afectado más por el conflicto, que no fuera necesario dedicar esfuerzos a nuevas tragedias y continuar con la implementación de la Ley 1448, porque reparar a las víctimas es construir paz”, concluyó Gaviria este lunes.