La ceremonia se llevó a cabo el pasado martes en el Auditorio Luis Rodríguez Valera de la Gobernación del Cesar.

En una ceremonia de reconocimiento de responsabilidad, el postulado Luis Carlos Pestana Coronado, perteneciente al Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pidió perdón públicamente en Valledupar por el delito de desplazamiento forzado, por el secuestro de una persona, y el homicidio de 11 más.

El postulado, recluido en el pabellón de Justicia y Paz de la Cárcel Modelo de Barranquilla, fue condenado a ocho años de prisión por estos hechos. Este reconocimiento de responsabilidad y ofrecimiento de disculpas públicas, está contenido en la sentencia dictada por la Sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Distrito de Barranquilla.

A la ceremonia, que se llevó a cabo el 19 de julio en el Auditorio Luis Rodríguez Valera, de la Gobernación del Cesar, asistieron las víctimas reconocidas en el fallo y representantes de la Secretaría de Víctimas de la Gobernación del Cesar, representantes de la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas y profesionales del equipo de Justicia y Paz.

Durante el acto, Pestana Coronado, reconoció que no es legítimo arrebatarle la vida, ni la libertad, ni la estabilidad social, familiar, económica ni emocional a ningún ser humano, bajo ninguna circunstancia. Y pidió perdón a todas las víctimas del delito de desplazamiento forzado, a las victimas indirectas de los homicidios de: Ilmer Antonio Rodríguez Hoyos, Jorge Rodríguez Hoyos, Diomar Quintero Navarro, Pedro Luis Fontanilla Vides, Manuel Puentes Jaimes, Luis Alfonso Serrano Duran, Jorge Niño Parra, Orlando Enrique Araujo Carrillo, Juan De La Cruz Martínez Monterrosa, Federico Gildardo Radd Romero, Martin Torregrosa Jaraba y al señor Norberto Amador Ávila y a su familia por el delito de secuestro.

El accionar del postulado se extendió a los municipios de La Jagua de Ibirico, en el corregimiento de Casacará en jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, y al corregimiento de Mandinguilla, del Municipio de Chimichagua, todos del departamento del Cesar.

Igualmente, reconoció, tal como lo hizo en sus versiones libres, que las víctimas de su actuar delincuencial no eran miembros o colaboradores de algún grupo armado organizado al margen de la ley.

“Las disculpas públicas están orientadas precisamente a pedir el perdón de las personas honorables y de sus familiares, por las consecuencias funestas de los delitos que sin motivo alguno debieron padecer”, señala la parte motiva de la sentencia.