Con un centenar de asistentes finalizó la semana pasada en Valledupar la jornada de debate sobre el conflicto armado en el Cesar y las garantías para que este no se repita, que la Unidad para las Víctimas organizó en conjunto con la Universidad Popular del Cesar (UPC), como cumplimiento de una sentencia de Justicia y Paz. Allí, víctimas, excombatientes, académicos y funcionarios debatieron sobre el impacto del conflicto en este departamento.

“Los entierros colectivos, uno tras otro, eran lo único que se encontraba en estos territorios”, dijo con firmeza Miguel Serna, frente al auditorio de la UPC el miércoles pasado. “Le pido al Cesar, a todas las organizaciones, a la Unidad para las Víctimas, a estos estudiantes: hagamos algo por el departamento, para que no sigan ocurriendo estos hechos”, agregó contundente.

Este hombre de unos 50 años, mochila terciada y contextura muy delgada, salió desplazado de la vereda El Toco, municipio de San Diego, en 1997, cuando incursionaron los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Ese 23 de abril “me dijeron que estaba el Ejército en el puesto de salud. Yo era el promotor de salud de la vereda. Iba para allá cuando llegó un muchacho en un caballo y me dijo: ¡Señor Miguel, corra que llegaron los paramilitares!”, agregó el sobreviviente de bigote y tez morena.

“Ellos fueron a buscar al señor Darío Parada, secretario de la Junta de Acción Comunal, y por ahí andaba el hijo, con el mismo nombre. Yo no me fui, tenía fe en Dios de que no me iba a pasar nada… Cuando lo vi, me saludó: ‘Quiubo Miguelacho’. Pasaron 10 minutos y sentí los disparos… lo mataron delante de los alumnos de una escuela que había ahí”, agregó, con voz quebrada.

Una y otra vez salió desplazado. “El 18 de mayo del mismo año hubo una nueva masacre de 8 personas, en la que cayeron varios compañeros de El Toco que habían ido al corregimiento de Los Brasiles (a 25 minutos del otro lugar)”, continuó.

“En todos los sepelios estuve. Allá en las ruinas todavía se siente la violencia”, insistió Serna, quien ahora es líder de víctimas en el departamento 

Pese a ello, se declaró dispuesto a perdonar e incluso, compartió tarima con uno de los excomandantes del Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, que actuaba en la zona: Uber Banquéz (“Juancho Dique”).

“Regiones abandonadas”

Serna dio las declaraciones en el primero de los cuatro foros que transcurrieron durante la jornada: “Contexto del conflicto armado en el Cesar”, “Mujeres y Guerra en el Cesar”, “Roles de la educación para la no repetición del conflicto”, e “Impactos colectivos del conflicto en el Cesar”, en ese orden.

“Trabajemos juntos para conseguir la paz”, le dijo por su parte Banquez. “Acá la guerra no ha sido por motivos religiosos ni políticos” sino por temas económicos y de tierras, agregó el excomandante de las AUC, ahora en proceso de reintegración, por lo que, según él, los estragos de la violencia debería superarse más fácilmente que los conflictos internos de otros países.

Para Banquez, la clave de la no repetición y el respeto de los derechos humanos está en la educación, y puso como ejemplo su experiencia después de la cárcel, como estudiante de Derecho, como garantía para las víctimas de que no volverá a tomar las armas.

“El surgimiento de grupos violentos nace en las regiones más abandonadas y ha ido dividiendo el país”, insistió. 

Algo en lo que coincidió el docente de la Facultad de Derecho del claustro, Simón Martínez: “Lo que ha ocurrido en Cesar es un reflejo del resto del país… acá no había vías y la guerrilla llegó cuando la presencia del Estado no se sentía”. Martínez agregó que factores como el narcotráfico y la economía extractiva incidieron en el recrudecimiento del conflicto.

Después de esa incursión (en la década de 1980), se empezaron a dar “atentados contra la economía local, contra la ganadería, como el secuestro, el ‘boleteo’. Esto generó una reacción de grupos económicos, de grandes agricultores, y de sectores relacionados con la minería, que necesitaban que la zona donde se iba a explotar el carbón estuviera despejada del conflicto”, añadió. 

“A partir de la década de 1990, la clase dirigente y política no espera a que las autodefensas lleguen. Las llama y ofrece su colaboración”, complementó.

En el Cesar, al menos 381.000 personas, de cerca de un millón que habita el departamento, han sido afectadas por el conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas (RUV). Es decir, un 36,6% del total. “De ellas, se han reparado al menos 25.000”, afirmó por su parte, Altus Baquero, Director Técnico de Reparación de la Unidad para las Víctimas, también presente en el evento.

- Las mujeres en la guerra-

Que cada grupo social ha sufrido de manera diferente el conflicto fue otra de las conclusiones de la jornada. En los paneles siguientes, mujeres víctimas, reintegradas y funcionarias, destacaron el impacto de la guerra en su cuerpo.

Para Juana Bautista, Directora Territorial de la Unidad en Cesar y La Guajira, “las mujeres violentadas, abusadas sexualmente, casi nunca hablan. Hay que hacer un gran esfuerzo para que cuenten lo que pasó, para que las podamos ayudar”.

La funcionaria y panelista relató la crudeza de algunos casos que ha atendido en el departamento, a la vez que destacó el apoyo de la Unidad para construir liderazgos entre las mismas sobrevivientes.

En ese marco, contó el caso de una mujer desplazada que le confesó que “los paramilitares la habían violado enfrente de otros y de su propia familia. Su esposo la repudió y por eso se tuvo que ir”. Para superar el hecho y garantizar la no repetición, el proceso cultural y la transformación cultural resulta esencial, agregó

La emotividad se apoderó del auditorio en este segundo panel, y hasta los asistentes se unieron al debate.

En la sesión de preguntas, la bacterióloga Olga Galezo relató cómo su esposo sobrevivió a una masacre con cuchillo en el municipio de El Copey, Cesar, y cómo tuvieron que salir desplazados de la zona. Para ella, el foro permitió “reflejar situaciones que a los hombres nunca les hubiera sucedido. Eso ha permitido definir aspectos psicológicos o sociales para la no repetición”.

- Organizaciones disueltas - 

Los participantes reiteraron además en el panel siguiente que el fin del conflicto permitirá que las organizaciones que se vieron menguadas por este, puedan resurgir con más fuerza.

“Las organizaciones particularmente fueron disueltas, desconocidas… sus líderes fueron asesinados. Sus propuestas, desconocidas”, aseveró Víctor Ceferino López, representante del Consejo Comunitario Las Palmitas del municipio de La Jagua de Ibirico.

Esa comunidad está en Reparación Colectiva con la Unidad para las Víctimas. Aunque el proceso es apenas incipiente, para López, ha permitido que se vaya “reconstruyendo la memoria histórica, por una parte, pero también el autorreconocimiento de las comunidades afro”.

Por último, y para evitar que los horrores del conflicto armado se vuelvan a repetir, nuevos panelistas, del Ministerio de Educación y de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, así como de Colciencias, se sumaron a los ya participantes.

“Para que realmente haya reconciliación, para que realmente haya paz, necesitamos una transformación cultural. Empezar a reconocer al otro. Cuando yo reconozco al otro, respeto”, dijo Pilar Velázquez, representante de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

La jornada a la que asistieron, en su mayoría, estudiantes, hizo parte del cumplimiento del exhorto número 20, de la sentencia de Justicia y Paz proferida por el Tribunal de Barranquilla contra el desmovilizado Luis Carlos Pestaña Coronado, quien perteneció al Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las AUC