La entidad formula un llamado a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones y otorguen la debida protección a los sindicatos de la universidad y a toda la comunidad educativa.

La Unidad para las Víctimas rechaza enérgicamente las amenazas proferidas contra estamentos de la Universidad de Córdoba, reconocida por el Estado Colombiano como sujeto de reparación colectiva desde el año 2010 en el marco del proceso adelantado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Las amenazas fueron conocidas por medio de las redes sociales en un panfleto firmado por las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” intimidando a los integrantes de las organizaciones Aspu, Sintraunicor y Ajucor, reconocidas por su agenda reivindicativa de derechos laborales y sindicales al interior de la Universidad de Córdoba.

En el año 2013 la Unidad de Víctimas profirió la Resolución 0182 mediante la cual se incluyó en el módulo colectivo del Registro Único de Víctimas a la Universidad de Córdoba en cuyos considerandos  se reconoció que la institución educativa ha sufrido graves daños como consecuencia del conflicto armado, entre ellos: la “estigmatización de la Universidad”, la “pérdida de la legitimidad de la institución debido al control paramilitar que habría operado sobre la administración de la misma”, y el “debilitamiento de las organizaciones sindicales por amenaza, homicidio, exilio, disminución y estigmatización de sus miembros”.

Las amenazas proferidas por el grupo armado ilegal lesionan el derecho a la reparación colectiva debido a que varios de los líderes sindicales pertenecen al comité de impulso de este proceso, de lo cual se deriva la necesidad imperiosa de expresar indignación ante todos los hechos de violencia que afecten los derechos conquistados por las Víctimas en el marco de la Ley 1448 del 2011.

Finalmente, la Unidad formula un llamado a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones y otorguen la debida protección a los sindicatos de la Universidad de Córdoba y a toda la comunidad educativa, puesto que no puede volverse a repetir en el país que quienes luchan por sus derechos sean estigmatizados y amenazados, mucho menos en las Universidades del país, las cuales deben convertirse en escenarios de fortalecimiento del debate democrático para la construcción de la paz.