La reparación colectiva avanza en Mapiripán (Meta), cuya comunidad ha sufrido varias masacres, desplazamientos forzados, torturas y otros hechos victimizantes. La Unidad para las Víctimas impulsa además las indemnizaciones individuales a los afectados por el conflicto armado.

La reparación colectiva llegó para quedarse hace dos años a Mapiripán, un municipio bañado por el río Guaviare en el departamento del Meta. En ese momento, la Unidad para las Víctimas hizo un primer contacto con esa comunidad, para evaluar el daño causado en más de 50 años de conflicto armado, y descubrió la necesidad de fortalecer las asociaciones campesinas y de víctimas en una zona que ha padecido todo tipo de agresiones.

Actualmente, el proceso se encuentra en fase de alistamiento, que implica reunir y asegurar el compromiso de todas las entidades que harán posible la ejecución del plan de reparación colectiva.

“Estamos trabajando por hacer posible la reparación en una comunidad que ha sufrido mucho. Siendo del Meta, conozco bien la situación y desde la Unidad para las Víctimas estamos trabajando por resarcir a estas familias” dijo Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas.

En ese municipio del sureste del Meta, hay 3.000 víctimas que esperan su reparación, de acuerdo con el registro de la Unidad. El desplazamiento forzado es la principal afectación que han padecido sus residentes, después de varias masacres paramilitares en la zona.

La primera de ellas ocurrió entre el 15 y el 20 de julio de 1997, cuando paramilitares llegaron al aeropuerto cercano de San José del Guaviare y, con la ayuda del Ejército, se transportaron por vía terrestre al municipio de Mapiripán.

Allí permanecieron durante cinco días y dejaron un número aún indeterminado de muertos, aunque según una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2005, la cifra se estima en 49. Muchas de las familias aún esperan parientes desaparecidos desde aquella fecha.

En 1998, el mismo grupo armado perpetuó varias masacres en zonas aledañas: Caño Jabón, Puerto Alvira y La Cooperativa, con lo que la ola de terror continuó por varios años más.

”Entiendo que no es posible reparar lo irreparable, pero queremos ayudar a los que más han padecido la violencia para sigan adelante”, agregó Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas.

Por la masacre de Mapiripán, la CIDH condenó al Estado colombiano en 2005. Varios altos mandos del Ejército han sido condenados y, a su vez, personas que se presentaron como víctimas sin serlo fueron condenadas.

“El hecho de que haya personas que se hayan querido aprovechar de la situación y del Estado, no significa desconocer a quienes realmente han padecido la violencia. Rescatar la memoria es clave también para alcanzar la paz”, insistió Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas.

Se prevé la realización de un evento conmemorativo para finales de este mes en la zona.