El 27 de febrero de 2006, el país vivió uno de los hechos más dolorosos cometidos contra concejales. Hoy la Unidad para las Víctimas adelanta un proceso de reparación colectiva con concejales y diputados a nivel nacional.

Hace 10 años se registraron los trágicos sucesos ocurridos en Rivera (Huila), cuando miembros de las FARC entraron en la estancia del restaurante Los Gabrieles, ubicado en zona rural, y asesinaron a nueve concejales del municipio, quienes se encontraban en reunión de trabajo. 

En la lista oficial de personas que sufrieron la violencia política en Rivera, se encuentran Octavio Escobar (presidente de la corporación); Aníbal Azuero, Desiderio Suárez, Héctor Iván Tovar, Jaime Andrés Perdomo, Sélfides Fernández, Arfair Arias, Moisés Ortiz y Luis Ernesto Ibarra. Tras el ataque, también quedaron varias personas heridas, entre ellas los concejales Gloria Ortiz, Moisés Ortiz, Gil Trujillo, el secretario del Concejo, Saúl Rojas, y el policía John Fredy Vargas.

Lo ocurrido en Rivera es hoy reconocido como uno de los casos emblemáticos donde se evidencia que el conjunto de las corporaciones públicas fueron afectadas, no solo en Rivera, sino en todo el territorio nacional. De los 23 concejales que perdieron la vida en el 2006, 11 de ellos pertenecían al departamento del Huila.

La Unidad para las Víctimas desarrolla un proceso de reparación colectiva con incidencia nacional para Concejales y Diputados, el cual se encuentra en su fase de implementación, luego de que el sujeto de reparación colectiva realizase la declaración de los hechos víctimizantes  y entrara en el Registro Único de Víctimas.

Durante 2014 y 2015, la Unidad realizó nueve encuentros en todo el territorio nacional, para adelantar el diagnóstico del daño colectivo y las medidas de reparación colectiva. En dichos encuentros se identificaron prácticas sistemáticas de violencia en contra de los concejales y diputados, además de acciones que atacaban los procesos de participación en escenarios preelectorales, electorales y poselectorales.

Para Paula Gaviria, directora de la Unidad para las Víctimas, “priorizar al grupo de concejales y diputados es una apuesta a la paz desde las corporaciones públicas  de elección popular, en especial, las asambleas y concejos. Los concejales y diputados representan al pueblo a través de mecanismos de participación democrática  y a su vez conciertan políticas que influyen en aspectos políticos, comunitarios y culturales en los municipios y regiones”.

Por esta razón, se continúa trabajando en los avances del proceso de reparación colectiva a este sujeto con incidencia nacional, con el que se busca resaltar la labor de cada uno de los concejales y diputados del país, destacar su compromiso con la democracia colombiana, ejerciendo sus funciones en condiciones de conflicto y amenaza permanente por parte de actores armados que ven en la labor de los cabildantes un riesgo a sus poderes locales.

“Casos como el de Rivera no se pueden repetir en ningún lugar del país. La democracia debe fortalecerse y la defensa de los ideales debe hacerse sin temor a perder la vida. Hoy recordamos  con solidaridad a los familiares de los concejales, a los sobrevivientes y a los habitantes del Municipio Verde de Colombia. La  reparación colectiva de las corporaciones públicas  es un compromiso y una oportunidad para recuperar el tejido institucional que fortalezca las agendas de desarrollo social, político y económico de los territorios, y de esta forma, unir esfuerzos por acabar definitivamente la confrontación armada y disponernos a construir escenarios de reconciliación y paz para Colombia”, dijo Gaviria.