Durante los cinco años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Unidad para las Víctimas ha gestionado 340 procesos de reparación colectiva en comunidades y grupos sociales fuertemente afectados por el conflicto armado, que serán la base para la construcción de paz en los territorios.

Más de 340 procesos de reparación colectiva avanzan a la fecha en Colombia en el marco de la Ley 1448/2011 o Ley de Víctimas, que cumplió cinco años de vida este mes y que por primera vez puso en el centro de la agenda pública a los más de ocho millones de afectados en medio siglo de conflicto armado.

“La reparación colectiva es ambiciosa porque pretende atender a un grupo entero y reconstruir los vínculos entre sus miembros y con el Estado mismo, luego de episodios tan dolorosos”, dijo en rueda de prensa Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas. “En este sentido, va más allá de la reparación individual y por eso, la comunidad internacional le ha puesto el ojo”, agregó.

Estos beneficios que acompaña la Unidad están dirigidos entonces a colectivos, que pueden ser organizaciones, grupos sociales y comunidades (incluyendo a comunidades étnicas), que hayan visto violados sus derechos colectivos por la violencia. En este sentido, a junio de 2016 están en ruta 340 procesos, de los cuales, la mayoría son sujetos étnicos (176, entre comunidades afro, indígenas, Rrom, entre otras), frente a los no étnicos (164, entre comunidades campesinas, organizaciones de mujeres, y otros grupos sociales).

Por departamentos, el que concentra más procesos de reparación colectiva es Antioquia (12,06%), seguido por Chocó (11,76%) y Magdalena (6,76%).

Con la firma del acuerdo parcial del punto 5 (sobre víctimas) de la Mesa de Conversaciones de La Habana, el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP acordaron, entre otros temas, ampliar estos mecanismos de reparación colectiva y fortalecer los que ya están en marcha.

“Los negociadores en La Habana vieron la necesidad de enfocarse en los lazos entre las comunidades porque es desde lo colectivo que se camina hacia la reconciliación y hacia la paz. Es una manera de llevar lo que se firme al terreno”, afirmó Jara.

Para acceder a la reparación colectiva, las comunidades deben declarar el hecho o hechos victimizantes para ser incluidas en el Registro Único; preparar, en conjunto con las autoridades, un plan integral para volver realidad ese resarcimiento; y una vez aprobado el plan, apoyar la gestión e implementación de las medidas contenidas en él, labor que desarrollan las entidades del Estado que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Sin embargo, si los grupos sociales son étnicos, antes del diseño y aprobación de este plan, las autoridades deben preparar una consulta previa, en cumplimiento con un mandato constitucional.

“En la Unidad tenemos en cuenta la diversidad cultural y étnica de Colombia, lo que se ve reflejado en las políticas de la entidad. Además, tratamos los diferentes procesos con enfoque diferencial, lo que significa que todo se ajusta a las condiciones específicas de cada comunidad, grupo u organización social”, insistió el director de la Unidad.

De los 340 sujetos de reparación colectiva, 303 han sido por oferta: la Unidad se ha acercado a las comunidades más vulnerables y las que han padecido directamente el conflicto. Doce más se han determinado por demanda o petición de los propios grupos sociales y 25 han iniciado por orden judicial.

La reparación colectiva ha sido reconocida por organismos como el Banco Mundial. En enero pasado, el presidente de esa entidad financiera, Jim Yong Kim, de visita en el país, calificó estos procesos como ejemplares para la comunidad internacional.