Ago
16
2016

La Unidad para las Víctimas rechaza las afectaciones sufridas por líderes y lideresas comunales del país

Con su ejercicio diario, estos líderes y lideresas permiten la construcción de redes sociales para la solución de necesidades de los barrios y veredas del país.

Norte de SantanderCúcuta

La Unidad para las Víctimas expresa su rechazo a las afectaciones sufridas por líderes y lideresas comunales en diferentes regiones del territorio nacional. En concreto, muestra su repulsa por el asesinato de la lideresa comunal y de organización de mujeres Nohora Stella Hernández, presidenta del barrio Cerro Norte de Cúcuta, y el atentado contra la vida de su esposo Fredy, ex edil de la misma ciudad, quien se encuentra gravemente herido tras hechos ocurridos el pasado 15 de agosto. Nohora Stella formaba parte de los sujetos de reparación colectiva Cerro Norte, la Federación de Acción Comunal de Cúcuta y del sujeto de reparación colectiva con incidencia nacional Organismos de Acción Comunal.  

En este sentido, la Unidad para las Víctimas muestra su preocupación por los actos de violencia que se vienen presentando en la ciudad de Cúcuta, con una gran intensidad en el sujeto de reparación colectiva del Barrio Cerro Norte, los cuales han puesto en gran riesgo a sus habitantes, y han dificultado el avance en la implementación del plan de reparación colectiva aprobado por la comunidad. También muestra su preocupación por las amenazas e intimidaciones que se vienen presentando en el sujeto de reparación colectiva Barrio Antonia Santos.

Así mismo, la Unidad para las Víctimas rechaza los hechos ocurridos el pasado 6 de agosto contra el  líder comunal José Jhon Noriega, presidente del Barrio Villa Clemen Sector 1, del municipio de Montelíbano (Córdoba); y las amenazas a la vida y movilidad hacia el vicepresidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal y presidente de la Federación de Acción Comunal de Risaralda, Jaime Alirio Gutierrez, y hacia Héctor Moreno Ríos, miembro de la Federación de Acción Comunal de Cauca.

Estos hechos se suman a las diferentes afectaciones que ha tenido la organización comunal en el país, teniendo un registro durante este año de 18 asesinatos, dos desapariciones forzadas, dos lesiones personales, amenazas, así como afectación y destrucción de  bienes comunales.

Estos sucesos minan los procesos organizativos y de reparación que van en construcción de una ciudadanía más propositiva y fortalecida. Por eso, en su calidad de coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad para las Víctimas hace un llamado para adelantar acciones de protección e investigación de los líderes y lideresas comunales, en estas líneas:

1. Generar espacios de formación a líderes y lideresas comunales de los sectores con mayores afectaciones presentadas, así como de los funcionarios públicos encargados de la protección e investigación, para que conozcan formas de autoprotección y rutas de protección establecidas por el Estado.

2. Establecer esquemas de protección en articulación con la Policía y el Ejército en la ruralidad, con atención en los líderes y lideresas comunales.

3. Continuar fortaleciendo la articulación con la Fiscalía General de la Nación y las entidades competentes en materia de acceso a la justicia de carácter prioritario en cuanto a las investigaciones en curso de las afectaciones a líderes y lideresas comunales, con miras a hacer seguimiento a los adelantos e identificación de patrones, así como las acciones a que haya lugar. Así mismo, propiciar que las entidades competentes actúen frente a las acciones de violencia de las bandas criminales en los barrios en mención, la mayoría de ellas asociadas a redes de micro tráfico y contrabando.

Con el fin de garantizar la vida, la seguridad y el libre ejercicio de la acción comunal, la Unidad para las Víctimas buscará mecanismos de interlocución para que los entes encargados del tema de protección e investigación activen sus actuaciones y se genere un plan de acción conjunto.

La Unidad para las Víctimas se solidariza con los afectados, sus familias, las comunidades y la organización comunal, e insta a la sociedad civil a rodear a los líderes y lideresas comunales y las comunidades afectadas, para apoyar y proteger la labor realizada en pro de una sociedad mejor.