Durante la rendición de cuentas de la Unidad para las Víctimas en el departamento, se presentaron resultados en indemnizaciones, atención a desplazados y reparación colectiva a cinco comunidades. Se anunció la próxima inauguración de centros regionales para víctimas en Soacha y La Palma.

“La reparación colectiva está contribuyendo a reconstruir el tejido social de las comunidades en los cinco municipios de Cundinamarca donde tenemos un plan de este tipo aprobado”, aseguró este viernes Jorge Orlando Sánchez, director territorial central de la Unidad para las Víctimas, durante la rendición de cuentas de la entidad en el departamento.

Durante el evento, que tuvo lugar en Bogotá, Sánchez explicó que se están implementando las medidas contempladas en los planes de reparación colectiva de La Palma, Yacopí, Topaipí, El Peñón y Viotá, aprobados en 2014, y que se gestionó con la Gobernación de Cundinamarca la apropiación de recursos para implementar dichos planes y el de la organización nacional de mujeres ANMUCIC.

Además, se puso en marcha un proyecto de cofinanciación en la provincia de Río Negro, una de las zonas más afectadas por el conflicto en la región. Alrededor de 200 familias de los municipios de La Palma, Topaipí, Yacopí, Villagómez, Paime y El Peñón se beneficiaron de esta alianza entre la Unidad para las Víctimas, la Gobernación de Cundinamarca y dichos municipios, con una inversión de 1.820 millones de pesos. “Este trabajo conjunto nos permite abordar la atención de las víctimas poniendo el foco en la superación de su vulnerabilidad”, agregó Sánchez, durante la ceremonia en la que estuvieron representantes de la Gobernación de Cundinamarca, la Unidad de Restitución de Tierras, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA y la alcaldía de La Palma.

Inversión en indemnizaciones supera 38.330 millones

Sánchez explicó que en lo corrido de 2015, se indemnizaron 859 víctimas, con una inversión de 5.912 millones de pesos. Esto suma un total de 38.330 millones destinados a la indemnización de las víctimas durante el último cuatrienio. Por otro lado, Sánchez recordó que se constituyeron 156 encargos fiduciarios por valor de 505 millones para las víctimas menores de 18 años desde enero de este año. 

En cuanto a la atención y asistencia humanitaria, los recursos invertidos en los últimos cuatro años superan los 28.179 millones, para víctimas de desplazamiento y de otros hechos victimizantes. Por otro lado, conscientes de la importancia de trabajar en la prevención de emergencias, se invirtieron alrededor de 250 millones de pesos en un proyecto de infraestructura comunitaria en el municipio de Apulo, gracias a una alianza público-privada que beneficiará a 55 familias. 

Atendiendo a la responsabilidad de construir y dar seguimiento a la política pública, la Unidad para las Víctimas participó activamente en 236 comités territoriales de justicia transicional y 72 sesiones de los subcomités relacionados con esta, por lo que se facilitó la coordinación con las entidades que, en el departamento, hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

Atender a las víctimas, una prioridad

El director territorial de la Unidad para las Víctimas en Cundinamarca anunció durante la rendición que próximamente se inaugurarán los centros regionales de Soacha y La Palma, para brindar una mejor atención a las víctimas residentes en el departamento. “Hasta el momento, se han atendido unas 31.197 solicitudes este año”, indicó.

Para el próximo año, se busca poner en marcha diferentes medidas en favor de la población víctima en coordinación con los nuevos mandatarios locales, una vez elaboren sus planes de desarrollo y de acción territorial. Además, se prevé la inauguración del centro regional de atención a víctimas de Viotá, tras haber adelantado los procesos administrativos necesarios para su construcción.

Retornar a La Palma

Décadas atrás, los pobladores de La Palma vieron como las FARC y los paramilitares trataban de imponer su poder en este municipio, situado a 150 kilómetros de Bogotá. Los desplazamientos y el terror estuvieron a la orden del día. Hoy, sus habitantes han decidido regresar y la comunidad ya avanza en la implementación de diferentes medidas de su plan de reparación colectiva. La Unidad para las Víctimas invirtió más de 82 millones de pesos para poner en marcha tres proyectos dinamizadores que redunden en la sostenibilidad de dicho retorno.

“En La Palma se comprueba que la voluntad de los alcaldes es fundamental para llevar la reparación a los territorios”, manifestó Jorge Sánchez. Este fue elegido como municipio piloto de reparación por vía administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, por lo que ya se han indemnizado allí a 898 hogares.

Se encuentran en implementación tres proyectos dinamizadores por un valor de 155.630.456 pesos. El objetivo es fortalecer la infraestructura de la Escuela de Hinche Alto; construir una placa huella en la vía que comunica a las Veredas Llano grande – Boquerón y la construcción de un comedor para la escuela de La Enfadosa. Adicionalmente, con el plan de retornos y reubicaciones, se implementó el programa 'Familias en su Tierra', en conjunto con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), encaminado a apoyar la estabilización socioeconómica de 460 familias en los componentes de mejoramiento de vivienda, apoyo al componente productivo y seguridad alimentaria por medio de la creación de huertas caseras.

La lideresa de la montaña escondida

En la inspección Alto de Cañas, en Yacopí (Cundinamarca), avanza la estrategia de rehabilitación comunitaria ‘Entrelazando’, como ocurre en muchos de los 303 sujetos de reparación colectiva. Allí vive Diana, una mujer trabajadora que desde muy niña ayuda a su familia en las labores del campo. Sus padres querían que estudiara e hiciera a una carrera. Por eso la motivaban para que se fuera a la capital.

Fue una alumna destacada y quería seguir formándose académicamente, pero se enamoró a los 16 años de un hombre mayor que ella. Desde entonces, estuvo al lado de su esposo. Vivían en una finca donde cultivaban cacao y plátano, criaban cerdos y gallinas y tenían algunas vacas y caballos. A los 17 años se vio forzada a huir de su finca con su esposo y la primera de sus cuatro hijas. El conflicto se recrudeció y tanto paramilitares como guerrilleros ponían en peligro la integridad y libertades de los habitantes de la inspección. 

Tiempo después volvió, cuando supo que el conflicto había parado y que tenía algunas garantías para retornar. Para ese entonces ya tenía dos hijos, pero las cosas no fueron tan simples. Su esposo se volvió violento y controlador. Llegó a causarle heridas físicas y emocionales a Diana.

Hoy mira hacia atrás y se reafirma en que el amor por sus hijos, por la tierra y por su comunidad la mantienen en Alto de Cañas. Se convirtió en lideresa de la comunidad, adonde asiste puntualmente a cada encuentro de tejedores (como se denomina a los participantes de la estrategia ‘Entrelazando’). Su lucha por recuperar el tejido social es tan grande que, día a día, habla sobre la importancia de ser reconocidos como sujeto de reparación colectiva, de la necesidad de unirse y de avanzar.

Convoca a las entidades territoriales, habla con los funcionarios de las instituciones y siempre está dispuesta a contar que en Alto de Cañas viven personas trabajadoras, honestas y responsables, que quieren salir adelante y, de una vez por todas, dejar el conflicto atrás.