Nueve veredas del corregimiento iniciarán el proceso de reparación por los daños sufridos en el marco del conflicto armado interno en la zona.

La Unidad para las Víctimas notificó al corregimiento de Pueblito Mejía y sus nueve veredas, pertenecientes al municipio de Barranco de Loba, al sur de Bolívar, su inclusión en el Registro Único de Víctimas como sujeto de reparación colectiva, por los daños sufridos en el marco del conflicto armado interno. Desde 1997, la comunidad padeció las acciones de grupos armados ilegales. Hoy, hacen parte del proceso de reparación colectiva un total de 180 familias.

En el evento, se sucedieron actos simbólicos y se presentó la obra de teatro “El camino de regreso a la paz”, interpretada por los miembros del comité de impulso (es decir, por el grupo de personas encargadas de fomentar el proceso de reparación colectiva en la comunidad). Los estudiantes de la institución educativa de Pueblito Mejía bailaron la “danza del pescador”.

Además de la Unidad para las Víctimas, en el encuentro participaron representantes de la alcaldía municipal, la Personería, la Defensoría del Pueblo en el Magdalena Medio y la comunidad del corregimiento.

Por su posición geográfica en el sur del Bolívar, Barranco de Loba era lugar de paso de los grupos armados al margen de la ley hacia los departamentos de Sucre, Córdoba, Cesar y Antioquia. Mientras que las FARC operaron en la zona desde 1979, el ELN llegó en 1986. Ya en la década de los noventa, la guerrilla del ERP arribó a la comunidad, y a finales del año 1997 los paramilitares incursionaron por primera vez.

Los enfrentamientos entre los grupos armados por el control estratégico del territorio trajeron un incremento de las acciones violentas contra la comunidad, con viviendas incineradas, el asesinato de personas, el secuestro y el desplazamiento forzado de varias familias.

“Mataron el señor espejito, y amarraron al señor Ismael Vanegas, amenazaban a la gente, nos ponían pistolas en la cabeza, de acá se llevaron dos hombres y saliendo en la vereda los papayos los asesinaron”, cuenta uno de los vecinos del lugar. Este contexto infundió miedo en la población, de los que muchos dejaron el municipio para no ser señalados de apoyar a unos u otros.

Desde 2014, la Unidad para las Víctimas comenzó a trabajar de la mano con la comunidad y el pasado 10 de mayo, los habitantes del corregimiento recibieron la notificación que los reconoce como sujeto de reparación colectiva. Avanza así un proceso encaminado a identificar los daños específicos y formular las medidas de rehabilitación, satisfacción y otras que comprenderá el plan integral de reparación colectiva en los próximos meses.