El corregimiento de Riachuelo, en Charalá (Santander), será beneficiario de uno de los más de 300 planes de reparación colectiva que adelanta la Unidad para las Víctimas, tras su aprobación la semana pasada en un evento en el que participaron la comunidad y distintas entidades departamentales, municipales y nacionales.

Riachuelo, un corregimiento fuertemente afectado por los paramilitares hace casi una década, tendrá un Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) adaptado a sus necesidades, como lo aprobó la semana pasada el Comité Territorial de Justicia Transicional Extraordinario, encargado de estudiar las peticiones de la comunidad y llegar a un acuerdo con las entidades encargadas. 

El plan contempla varias medidas desde el aspecto social, educativo, sanitario y económico. Una de ellas es “implementar una estrategia de prevención del reclutamiento ilícito” en esa zona, que ya había tenido antecedentes de vinculación de menores de edad con grupos armados.

Además, el PIRC busca mejorar los implementos del colegio Nuestra Señora del Rosario, impartir capacitaciones en derechos humanos, mejorar la infraestructura del centro de salud local y dotar a la comunidad de una ambulancia; implementar proyectos productivos y de seguridad alimentaria y avanzar en estrategias para recuperar el tejido social en la zona.

“Este caso es emblemático porque aparte de la visibilidad mediática que obtuvo el caso del colegio Nuestra Señora del Rosario, en Riachuelo hay un compromiso muy grande del departamento y del municipio para impulsar este plan y avanzar en la reconciliación”, dijo Carolina Albornoz, subdirectora de Reparación Colectiva de la Unidad para las Víctimas.

A la aprobación del plan, el jueves pasado, asistieron los representantes de la Unidad para las Víctimas, así como el gobernador encargado de Santander, Manuel Ricardo Sorzano, tres secretarios de despacho (Educación, Agricultura, Desarrollo), y otros funcionarios departamentales.  

Igualmente, asistieron el alcalde de Charalá, Gil Antonio Méndez, así como dos secretarios municipales más, y otros funcionarios.

Adicionalmente, acompañó la jornada el Ministerio Público, con presencia de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Personería Municipal.

“Después de la aprobación del plan, el paso siguiente es gestionar la implementación de las medidas construidas en conjunto con la comunidad. Ya empezamos a gestionar esta puesta en marcha”, agregó Albornoz.

Según la ley 1448 de 2011 (o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), la reparación colectiva pretende reconstruir aquellos derechos colectivos de organizaciones sociales, pueblos o grupos que quedaron afectados por el conflicto armado. Este resarcimiento incluye medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.