A propósito de las fosas halladas en Dabeiba, Antioquia, la Unidad para las Víctimas aclara el papel que cumple en este caso y otros similares.

A través del Registro Único de Víctimas (RUV), la Unidad para las Víctimas cuenta con datos de quienes se han declarado víctimas del conflicto armado, y con las narraciones de esas mismas personas, que contienen parte importante de la historia de décadas de violencia en el país. Esas dos clases de información son de utilidad para los propósitos que cumple la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Esa es la razón por la cual, desde hace dos años, las dos entidades estatales intercambian información. Así, la JEP puede contrastar su propia información con la que le envía la Unidad y llegar a conclusiones en las investigaciones que desarrolla dentro de su jurisdicción, por los diversos hechos relacionados con el conflicto. Eso aplica para las investigaciones relacionadas con el actual caso de Dabeiba, Antioquia.

La directora de Registro de la Unidad para las Víctimas, Gladys Prada, lo explica: “Una de nuestras tareas es el cruce de información. La idea es que la JEP tenga la información más rica y válida. Para la JEP es muy útil identificar esa información en el RUV y aparearla con la información que encuentre en ese contraste que dice que está haciendo en las fosas de Dabeiba. Lo segundo es que si de allí resultara una persona que no está en el RUV, la ruta a seguir es que esa persona doliente declare voluntariamente, o también nosotros por petición de la JEP, la incluyamos en el RUV”.

De acuerdo con el RUV,  342 personas han declarado ser víctimas directas de desaparición forzada cometida en Dabeiba y 892 personas han declarado ser dolientes o víctimas indirectas del mismo hecho en ese municipio. Ya a la JEP había llegado, previamente al descubrimiento de las fosas, información de la Unidad sobre lo sucedido en la región.

“Lo más importante es la voluntad de la víctima y las gestiones de seguridad que va a establecer la JEP para que esa persona doliente se acerque a declarar los hechos, o que lo haga a través de un mecanismo que creemos con la JEP para que sea muchísimo menos perturbador para  esas víctimas que hoy se enfrentan a encontrar, posiblemente, a sus familiares en esas fosas”, agregó Gladys Prada.

La funcionaria explicó que las gestiones de la Unidad para establecer quiénes han sido afectados por desaparición forzada en el marco del conflicto armado en Colombia, comenzaron desde el momento en que empezó a funcionar la entidad en 2012, de acuerdo con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011). Y esa tarea se fortaleció en desarrollo del acuerdo 62 de  la negociación de paz de La Habana.

En ese momento, la Unidad hizo un gigantesco cruce de información con la Fiscalía General de la Nación para encontrar coincidencias y complementar datos entre la información de personas dadas por desaparecidas que estaba en el RUV y en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La Unidad también hizo cruce de información de cuatro hechos victimizantes: secuestro, homicidio, reclutamiento forzado y desaparición forzada, para concluir si una víctima directa o indirecta había declarado como afectada por desaparición, pero en realidad había sido víctima de alguno de los otros hechos.

Vale la pena recordar que el Registro Único de Víctimas se basa en las declaraciones voluntarias y percepciones de quienes se declaran víctimas del conflicto armado ante el Ministerio Público (defensorías, personerías, Produraduría General), y que luego dichas declaraciones son valoradas por la Unidad para las Víctimas para decidir si cada persona, o grupo familiar o comunidad, queda o no incluida en el RUV.

(Fin/DRR/LMY)