Buenaventura, Valle del Cauca, San Andrés de Tumaco en Nariño y Riosucio en Chocó son los municipios que encabezan la lista emitida por el Modelo de Intervención Territorial Integral (MITI).

Tener elementos para definir dónde y cómo enfocar los esfuerzos de la institucionalidad para atender lo que requieren las comunidades en materia de educación, salud, vivienda digna, entre otras, es la apuesta del nuevo Modelo de Intervención Territorial Integral (MITI), que la Unidad para las Víctimas pone al servicio de las entidades del Gobierno nacional y de la sociedad colombiana.

Se trata de una estrategia diseñada por la entidad para evidenciar las necesidades específicas de los municipios y, en este sentido, facilitar la planeación y focalización de las entidades estatales para la atención de la población en general y las víctimas del conflicto armado, analizando tres componentes: humanitario, reparación y necesidad de oferta.

De esta manera, el MITI permite que las entidades, según su misionalidad y estrategias, puedan articularse para llevar a los municipios intervenciones efectivas que permitan atender las necesidades prioritarias de la población. Según el modelo, a mayor puntaje, mayor necesidad de intervención integral.

En los resultados generales, el MITI revela que hay 91 municipios del país en necesidad alta de intervención articulada del Estado para atender los tres componentes, la mayoría de ellos se ubican en la región Pacífica, La Guajira, Putumayo, el nordeste antioqueño, el Catatumbo y Arauca. El 73% de estos son Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), lo que evidencia que es imperativo acciones de prevención y protección a los municipios más afectados por el conflicto armado.

La directora de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para las Víctimas, Nathalia Romero, explicó: “El MITI pone en evidencia que hay 91 municipios donde los desafíos son mayores y convergen situaciones críticas, lo que demanda una intervención integral y articulada por parte de todas las entidades del SNARIV y del Estado en general con mayor urgencia. Esto no implica que los demás no requieren atención; de hecho, el modelo proporciona información que ayuda a las entidades a definir dónde y cómo priorizar su oferta de acuerdo con su misionalidad y objetivos”.

De acuerdo con los resultados arrojados por el modelo diseñado por la Unidad para las Víctimas, los 10 municipios que se catalogan con mayor afectación y necesidad de intervención son:

- Buenaventura, Valle del Cauca

- San Andrés de Tumaco, Nariño

- Riosucio, en Chocó

- Riohacha, en La Guajira

- El Charco, Nariño

- Puerto Leguízamo, Putumayo

- Barbacoas, Nariño

- Carmen del Darién, en Chocó

- Guapi, Cauca

- Timbiquí, Cauca

En el caso de Buenaventura, en el Valle del Cauca, se puede ver que hay necesidades imperantes en entrega de atención humanitaria de emergencia, el cumplimiento de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los sujetos étnicos, generación de ingresos, reparación de los sujetos colectivos, entre otros.

Para la costa nariñense, conformada por 10 municipios, el 80% se encuentra en nivel de priorización alto y el 20% restante en medio. Es decir, los municipios de esta zona requieren intervenciones integrales que involucren a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, para implementar medidas de prevención y protección de nuevos hechos victimizantes, agilizar los procesos de reparación integral de los sujetos colectivos, y llevar planes, programas y proyectos enfocados en mejorar las condiciones y calidad de vida de la población. 

Algunas de las fuentes que integra el modelo incluyen las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, el Índice de Riesgo de Victimización que muestra la probabilidad de ocurrencia de nuevos hechos victimizantes, los resultados de pobreza monetaria y multidimensional, el número de confinamientos, las comunidades étnicas, los planes de retorno y reubicación y de reparación colectiva, el acceso a derechos básicos de la población, entre otros. A partir de los resultados, el MITI pone en evidencia las necesidades de los territorios, clasificándolas en alto, medio o bajo.

Fuente: Dirección de Registro y Gestión de la Información, Unidad para las Víctimas

Por todo lo anterior, la Unidad para las Víctimas hace un llamado a las entidades del Gobierno nacional y los entes territoriales a consultar esta herramienta como insumo en sus ejercicios de planeación para el año entrante, con el fin de trabajar de forma conjunta y llevar oferta institucional que garantice el acceso y restablecimiento de los derechos de la población en los territorios más afectados por el conflicto armado o en alto riesgo de sufrir hechos victimizantes. En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir" con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.