En un encuentro que tuvo lugar esta semana en Bogotá y que reunió a 33 representantes de todos los departamentos del país, elaboraron las propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Sobre siete ejes temáticos trabajaron los representantes de víctimas con discapacidad para formular propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, a partir de los lineamientos definidos por parte del Departamento Nacional de Planeación:

-Fortalecimiento de la institucionalidad responsable de la articulación de las políticas públicas de las personas con discapacidad
-Consolidación de los sistemas de información
-Dignificación de estas personas y sus familias
-Inclusión laboral y emprendimiento para la generación de ingresos
-Promoción de la infraestructura para la inclusión
-Fortalecimiento de la investigación sobre las diferentes tipos de discapacidad
-Fomento de liderazgos

En igual número de mesas de trabajo, los delegados de las víctimas departamentales, reunidos desde el miércoles en Bogotá, expusieron sus más grandes inconvenientes a la hora de hacer efectivos sus derechos y plantearon los cambios que, a su juicio, deben hacerse en las políticas públicas que comprometen a varias entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación para las Víctimas (Snariv) y el Sistema Nacional de Discapacidad.

Estas propuestas fueron alimentadas luego de que funcionarios de los ministerios de Salud, Educación, Trabajo; del Sistema Nacional de Discapacidad, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección, la Alta Consejería Presidencial para la Discapacidad, y la Unidad para las Víctimas ofrecieran los lineamientos y explicaran la misionalidad, planes, programas y proyectos actuales.

En líneas gruesas, las víctimas con discapacidad proponen al Gobierno Nacional el mejoramiento de la política pública en temas como: participación efectiva (con voz y voto) en todos los sistemas de discapacidad en los órdenes nacional, departamental y municipal; asignar el presupuesto que responda a la implementación de la política pública de este enfoque; y que en la economía naranja se incluyan asuntos deportivos, recreativos y culturales para potenciar las capacidades de las personas con discapacidad.

También hacen propuestas en caracterización de la población víctima con discapacidad en cada municipio, beneficios para el acceso a la educación superior, de ellos y sus cuidadores; teletrabajo; capacitación y capital semilla para generación de emprendimientos y en implementación de la política de transporte y movilidad para la población con discapacidad, entre otros.

“El trabajo fue muy interesante y enriquecedor. Ojalá todo esto que hemos propuesto no se quede en letra muerta, sino que se cumpla para que podamos ser visibles e incluidos”, dijo Emérita Isaza, del departamento de Arauca.