El escenario sirvió para discutir sobre cómo se ha contado la guerra en Colombia y cómo se debe contar la paz. Otro de los temas relevantes fue la notificación del departamento como territorio libre de minas antipersona. La Unidad para las Víctimas estuvo presente.

En la maloca localizada en el kilómetro 11 de Leticia, capital del Amazonas, se realizó la instalación y primera sesión del Consejo Departamental de Paz, que busca ser la instancia de participación ciudadana para la implementación y sostenibilidad del Acuerdo de Paz de La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc. Allí estuvo presente la Unidad para las Víctimas.

Juliana Ochoa, profesional de la entidad en el Amazonas, indicó que “en este espacio se analizaron los principales aciertos, dificultades y retos desde la creación del Consejo Nacional de Paz en 1998 y como desde la institucionalidad aportamos al sostenimiento del Acuerdo”.

Durante la jornada de un día completó se realizó la actividad "Un, dos, tres... ¡Contemos una nueva historia!", con el objetivo de construir nuevas narrativas del conflicto en tiempos de paz. Esta metodología hace parte de una estrategia liderada por la oficina de Rodrigo Rivera, Alto Comisionado para la Paz, de la Presidencia de la República.

Ochoa, expresó que “el espacio sirvió para discutir sobre cómo se ha contado la guerra en Colombia y cómo se debe contar la paz. Otro de los temas relevantes fue la notificación del departamento como territorio libre de minas antipersona”.

“En Colombia, varias zonas han sido devastadas y muchas más han sufrido el dolor de la violencia, siendo el Amazonas un departamento que no se excluyó de esta dinámica. Con hechos registrados en las zonas selváticas y con la sistematización de 2.065 personas sujetos de atención directa por parte del Estado, es un territorio que debe sumarse a los diálogos sobre posconflicto”, afirmó, Carlos Pardo, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Amazonas.

En el Consejo también participaron los ministerios de Trabajo y del Interior, la Gobernación del Amazonas, las alcaldías municipales, los altos mandos militares y entidades nacionales con presencia local, así como población civil, dentro de la cual estaban delegados de organizaciones de víctimas.